CASTELLÓ. La Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló aplazó en 2019 el 60% de desahucios registrados en la ciudad a través del protocolo de vivienda suscrito con la Audiencia Provincial y el colegio de procuradores. Los aplazamientos se realizan en base a la legislación estatal y comprende a unidades familiares en situación de exclusión o vulnerabilidad social.
La Concejalía de Vivienda subraya que para las situaciones que no reúnen las condiciones para conseguir aplazamientos gestiona ayudas al alquiler de vivienda y de emergencia habitacional. Esta última modalidad, que financia el Consell, va dirigida a personas con problemas económicos que no pueden hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca. Para este ejercicio, el departamento de María Jesús Garrido prevé unificar la gestión de las ayudas de alquiler con la Generalitat para evitar problemas que se dan por duplicidades e incompatibilidades.
En 2019 se promovieron 134 procedimientos de desahucio en Castello ciudad, de los que 114 fueron por impagos de alquiler, 12 por ejecuciones hipotecarias y 8 por usurpación. De los 134, 77 fueron paralizados de manera provisional por el Ayuntamiento tras remitir a los juzgados informes de exclusión social o vulnerabilidad. La acción de la Oficina Municipal de Vivienda se canaliza a través del protocolo antidesahucios de 2015.
Desde la Concejalía de Vivienda subrayan que la situación continúa siendo difícil y reiteran que mantiene varias líneas de actuación en marcha; por un lado, promueve ayudas para el alquiler y emergencia habitacional, y por otra parte pretende reactivar la bolsa municipal de alquiler social aportando 1.500 euros a los propietarios que faciliten vivienda para arrendar, una cantidad que ascenderá a a 3.500 en caso de desperfectos e impagos. También prosigue con negociaciones con entidades y particulares para la cesión de viviendas.
El departamento de Garrido confía en el nuevo Gobierno central que sustentan PSOE y Podemos, que prevé fomentar el alquiler social para desahucios hipotecarios de vivienda habitual y contempla “obligaciones para los grandes tenedores de vivienda”.
