María Jesús Garrido (Podem-EUPV), concejala de Vivienda. Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló gestionará directamente la compra de pisos sociales hasta completar el presupuesto de 1,8 millones de euros tras volver a quedar desierto el plan de vivienda. A pesar de la mayor flexibilidad respecto a las condiciones, incrementándose ostensiblemente la propuesta económica por inmueble (101.250 euros frente a los 80.000 de la anterior convocatoria), ninguna de las tres ofertas presentadas ha logrado cumplir el pliego de criterios técnicos.
Cerrado el trámite y según la legislación en materia de compra pública, se abre ahora el proceso de licitación con negociación, lo que permitirá al consistorio realizar la transacción directa de vivienda que cumpla con los requisitos técnicos estipulados para el concurso inicial. De esta manera, se da continuidad a los mecanismos previstos en la ley de contratación pública.
Los tres interesados habían ofrecido entre seis y ocho pisos ubicados en distintos puntos de Castelló. Sin embargo, las condiciones de habitabilidad, en algunos casos, y el incumplimiento de la documentación, en otros, les han impedido acogerse al plan de vivienda, el tercero desde que se impulsó en la anterior legislatura con el Pacte del Grau.
Entonces, las dos convocatorias lanzadas por la titular del área, la concejala Ali Brancal (Compromís), resultaron un fiasco ante la dificultad de encontrar inmuebles en perfecto estado y cuyos propietarios estuvieran dispuestos a llegar a un acuerdo.
El ambicioso objetivo del Ayuntamiento de Castelló con el tercer plan, auspiciado por la edil María Jesús Garrido (Podem-EUPV), reside en aumentar la bolsa de viviendas sociales de manera notable, incorporando a los 221 pisos un máximo de 18.
Los escollos de la capital de la Plana para captar particulares, en realidad, no son una excepción a lo que viene ocurriendo en otros municipios de la Comunitat Valenciana, en los que se han declarado diversos concursos desiertos, procediendo a la transacción directa.
En este sentido, los sistemas de adquisición de vivienda por parte de administraciones públicas se simplifican de forma considerable al disponer de sociedades instrumentales (agencias, patronatos o empresas públicas), debido a que los mecanismos son más ágiles tanto en la compra como en la gestión.
