CASTELLÓ. El Colegio de Abogados de Castellón, al igual que el resto de colegios de Abogados de España, ha convocado para el día 28 de junio una concentración "en defensa de un Pacto en Justicia en nuestro país".
"Como es perfectamente conocido, el servicio público de justicia es insostenible", asegura el Colegio de Abogados de Castellón en un comunicado. La institución subraya que la justicia está paralizada "por diversas huelgas desde hace más de 4 meses, con un manifiesto incumplimiento de servicios mínimos y sin visos de solución próxima".
A su juicio, "nuestro país se acerca peligrosamente a una situación en la que la justicia no esté garantizada para una amplia mayoría de la población que necesita acudir a los juzgados a reclamar sus derechos cuando ha existido una vulneración de los mismos". Y en ese sentido, denuncia que los poderes públicos "han sido desbordados y nuestros gobernantes se muestran incapaces de resolver una situación calamitosa en el servicio público de justicia".
Sobre esta problemática, el Colegio de Abogados asegura que en Castellón se están produciendo demoras en los juzgados que conducen a que "los trabajadores no puedan recibir los salarios que les son debidos, indemnizaciones por invalidez y demás prestaciones"; que las víctimas de violencia contra la mujer "no reciban las pensiones por alimentos a las que tienen derecho y se pospongan las visitas a menores" y que las empresas se vean perjudicadas al no poder resolver sus litigios "conduciendo a muchas de ellas a la quiebra". "Esta es la cruda realidad en nuestra provincia", critica el Colegio.
"Las sucesivas huelgas de los distintos colectivos han paralizado la administración de justicia sin que el “empresario”, en este caso el Ministerio de Justicia, se haya sentado con verdadera voluntad de negociar, como lo hubiere exigido de tratarse de un conflicto entre una empresa privada que prestase un servicio esencial y sus trabajadores", explica el Colegio de Abogados en el comunicado.
"Esta situación tiene un efecto demoledor en la ciudadanía que conduce a que no pueda confiar en el Estado para que resuelva sus problemas y sea el garante de sus derechos fundamentales", subraya el escrito, que insiste en que un Estado social y democrático de Derecho "requiere de una Justicia pronta y de calidad". "Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado", reivindica el Colegio.
