CASTELLÓ. Más de 220.000 euros es la cifra que tendrá que abonar el Ayuntamiento de Benicarló a la anterior concesionaria de la piscina cubierta municipal. Lo hará en concepto de liquidación del contrato suscrito en 2008 y que, con su anulación en 2016, generó un conflicto entre la corporación municipal y la compañía gestora de las instalaciones -la UTE FCC-Nitram Pool- que llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Su fallo estima las pretensiones de la empresa, pero rebaja buena parte de la liquidación que solicitaba.
La sentencia, emitida el pasado 16 de enero por la sala de lo Contencioso del TSJ valenciano, revoca una sentencia anterior que desestimaba la reclamación de la compañía para que el Ayuntamiento procediera a la liquidación del contrato. Así, la sala reconoce la obligación, por parte del consistorio, de practicar la devolución de la fianza a la UTE, que asciende a 12.000 euros, y además, insiste en que "las partes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen recibido" en virtud del contrato.
En ese sentido, había una discrepancia notable entre lo que reclamaba la concesionaria y lo que estimaban los informes del Ayuntamiento. Concretamente, la UTE exigía el pago de casi 1,1 millones de euros por la liquidación del contrato, a lo que pedía más de 300.000 euros adicionales como concepto del 6% de "beneficio industrial de las inversiones y gastos efectuados" durante la explotación que hizo de la piscina. Sin embargo, la sentencia reconoce como liquidación definitiva una cuantía muy inferior, 219.419 euros, que aún así "devengarán el interés legal desde 31 de diciembre de 2016 hasta la fecha de su efectivo pago".
El fallo recuerda que el contrato de explotación se firmó inicialmente de manera transitoria "hasta la adjudicación del contrato de obra pública para la construcción de instalaciones anexas y la gestión de la piscina municipal". Algo que se preveía en un "breve espacio de tiempo". ". Sin embargo, en los más de 8 años de vigencia del contrato, esta segunda adjudicación nunca se llegó a producir. Con lo cual, la prestación del servicio se encontraba en una situación de transitoriedad indefinida".
Este panorama "repercutía negativamente en los resultados de las cuentas de explotación de la UTE", subraya el fallo, dado que había hecho sus cálculos "considerando el breve periodo de tiempo que debía concurrir entre esta licitación y la licitación y adjudicación del nuevo contrato". Lo cual motivó las primeras reclamaciones de la empresa en 2015 para que se anulara el contrato. Tras un año, y con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, el consistorio lo declaró nulo. Por lo que procedía la liquidación que ha llegado hasta el TSJ.
Desde el consistorio valoraron positivamente la sentencia en tanto en cuanto no se fija la cuantía de la liquidación que pedía la compañía concesionaria, por lo que aseguraron fuentes del Ayuntamiento que la administración municipal no recurrirá el fallo del TSJ. Y en ese sentido, el consistorio ya trabaja para la reapertura de las instalaciones, cerradas en 2020 por la pandemia de coronavirus y que se decidió no reabrir por su deficiente estado.
Tras dos licitaciones fallidas para readecuar y mejorar el recinto, el Ayuntamiento adjudicó este mes de diciembre el contrato a la UTE Gimecons-G4, que se encargará tanto de la elaboración del proyecto como de la ejecución de las obras, por valor de 2,4 millones de euros en total. El contrato tiene un plazo de ejecución de nueve meses y medio. En ese sentido, desde el Ayuntamiento confiaron en que, "pasado el verano", puedan haber finalizado los trabajos.
