CASTELLÓ. El conflicto de los chiringuitos de Castelló va camino de la vía judicial. Los propietarios de los cuatro merenderos (Atlanta, La Playa, Dharma y Solé Rototom) valoran interponer una demanda contra el consistorio ante la imposibilidad de abrir antes del 1 de julio. Los empresarios se agarran a la duración que recoge el contrato de explotación ("del 1 de junio al 30 de septiembre") para estudiar con sus abogados la posibilidad de emprender acciones legales. No obstante, en la propia redacción del punto se matiza en el penúltimo párrafo que "la contratación quedará, en todo caso, condicionada a la obtención por parte del Ayuntamiento de la autorización [...] del Servicio Provincial de Costas".
Según el portavoz de la asociación de hoteleros, empresarios de hostelería, deportes, hamacas y actividades relacionadas con las playas (Adepla), Javier Alegre, "nos sentimos completamente engañados. El 25 de mayo nos notificaron las adjudicaciones, con fecha de entrada en la arena el 1 de junio, y el 3 de ese mes nos llegó un correo electrónico de Contratación para decirnos que Costas solo autorizaba desde el 1 de julio. Sabían de antemano que tendríamos este problema, porque ya nos pasó lo mismo el año pasado. Sin embargo, no hicieron nada en invierno para evitarlo y ahora lo pagamos nosotros".
La licitación del expediente de los servicios de temporada se publicó en la plataforma del Estado el 18 de marzo. La Junta de Gobierno Local aprobó las concesiones de los puestos el 27 de mayo, oficializándose el 31, justo un día antes de arrancar la campaña de tres meses. Alegre advierte que, si al final esa contratación se reduce a dos meses, "tendremos pérdidas muy grandes. Para nosotros, solo es rentable si se abre como tarde el 20 de junio. Todo lo que suponga ir más allá de esa fecha significa cubrir gastos y el pago a proveedores. No hay beneficios".
Ante esta situación, el planteamiento que manejan los empresarios acerca de la demanda pasa por reclamar al Ayuntamiento daños y perjuicios, y además de una cantidad extra en concepto de lucro cesante. Se trata de una figura del derecho mercantil, que está asociada al perjuicio patrimonial derivado de la ganancia que se deja de obtener como consecuencia, entre otras causas, de un incumplimiento de contrato.
"Están pendientes más de 150 puestos de trabajos y tenemos que tomar alguna decisión. Encima, la burocracia es tan absurda que, no habiendo constancia de presencia de chorlitejo, los chiringuitos siguen cerrados, aunque paradójicamente hay servicio de socorrismo", señala el portavoz de Adepla.
En principio, para esta semana hay prevista una reunión entre las partes implicadas al objeto de llegar a un acuerdo. En cualquier caso, la Generalitat se reafirma en lo que indica el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) sobre las limitaciones del Gurugú y Pinar, que se consideran espacios protegidos por el chorlitejo patinegro, al igual que el Serradal.
Sin un informe favorable de la dirección de Vida Silvestre, dependiente de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a propósito de la inexistencia de la diminuta ave, el Servicio Provincial de Costa (Ministerio para la Transición Ecológica) no cambiará de parecer, denegando el permiso para que los merenderos inauguren antes de acabar el presente mes. La última palabra sobre las autorizaciones recae en el Estado.