El Consell confirma a Almassora que ningún futuro plan de ordenación excluirá las viviendas de costa

ALMASSORA. La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, ha comunicado este martes a la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, y a la concejala de Territorio, Carmina Martinavarro, que el Plan de Acción Territorial (PAT) está caducado y, a futuro, ningún proyecto similar impulsado desde la Generalitat Valenciana dejará fuera de ordenación urbana las viviendas de la costa local.

Galí solicitó el encuentro con la nueva representante autonómica para reiterar las peticiones que trasladó en su día al anterior conseller, Arcadi España, y que pasan por la protección sin condiciones de la zona urbana del litoral de Almassora. En este sentido, Torró ha trasladado que el PAT, al que el Ayuntamiento alegó en los dos periodos habilitados para defender los intereses locales, ha decaído antes de su aprobación, como ya adelantó Castellón Plaza a principios de febrero de este año.

Para la consellera, ningún futuro plan de ordenación del territorio marcará una zona de exclusión que repercuta en el valor de las viviendas de Almassora, que forman parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1998 y, por tanto, son legales. En este sentido, será el propio recinto industrial el que asuma la protección respecto de los peligros potenciales que genera.

En la misma línea, la alcaldesa ha transmitido a la consellera de Política Territorial que el Ayuntamiento ya ha avanzado los trámites que están a su alcance para que remitan las molestias y, así, adquirirá en un mes los terrenos situados en término municipal de Almassora, pero junto al polígono del Serrallo de Castelló, para que las empresas puedan ejecutar la pantalla acústica de protección en suelo de propiedad municipal.

La Generalitat Valenciana también ha dado el visto bueno al proyecto de apantallamiento como solución a la problemática de convivencia entre el recinto industrial y el vecindario de la costa norte de Almassora. Las alternativas técnicas presentadas por las empresas cuentan con el beneplácito de la administración autonómica, que es el organismo encargado de autorizar la actividad industrial.

Para la alcaldesa, "este trámite supone un antes y un después definitivo para un proyecto del que se ha hablado mucho pero que siempre ha estado bloqueado a expensas de comprar ese suelo para ejecutar la separación física entre las empresas y las viviendas".