CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana ha mantenido su plan fijado sobre la subasta de parcelas que afecta a Castelló pese a la oposición de la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco. Aunque la máxima autoridad municipal desprobó esta operación que afecta a un solar de la capital de la Plana, la Conselleria que dirige Vicent Climent ha mantenido su idea inicial y ya se ha consumado el inicio de la subasta del solar en cuestión con su publicación en el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana).
En concreto, se trata de la enajenación de siete solares y, de ellos, uno corresponde a Castelló. En concreto es una parcela de algo más de 860 metros cuadrados urbanos con un precio de salida de 276.000 euros que se ubica en el sector Lledó.
Tras conocer la intención, la alcaldesa de la capital decidió remitir una carta a la dirección general de Sector Público y Patrimonio para mostrar su malestar ya que, a juicio de la munícipe, Hacienda iba a subastar un solar "de espaldas" al Ayuntamiento y animaba a tomar este tipo de decisiones dentro de la comisión mixta (que incluye la Conselleria, la Diputación de Castelló y al propio Ayuntamiento).
Sin embargo, fuentes de la administración autonómica han advertido de que el proceso de subasta sigue su curso tal y como estaba previsto inicialmente.
Al parecer, detrás de este enfrentamiento se encuentra la intención de Marco de lograr más suelo de titularidad municipal ante lo que la alcaldesa estima como una constante petición de la administración autonómica de suelo público. De hecho, desde el Ayuntamiento se ha consultado por varios edificios públicos que, por estar ocupados en la actualidad, no se pueden ceder.
Tras conocerse la decisión, el Ayuntamiento ha decidido dar por zanjado el debate y no valorar la decisión de Hacienda. En lo que sí coinciden ambas instituciones es en mantener el diálogo en el seno de la comisión mixta de cara a futuros acuerdos para que el patrimonio esté al servicio de los ciudadanos.
De hecho, desde la Conselleria recuerdan que su intención de colaborar es permanente y que se adapta a las diferentes circunstancias como el cambio de criterio del convenio que se firmó en su día con el uso del edificio de Borrull. Aunque en principio se pactó que el consistorio asumiría el coste de la obra, al final no ha sido así y la administración autonómica asume el coste de reconvertir los antiguos juzgados en un edificio social.
Por su parte, el Ayuntamiento ha destinado en los últimos años hasta 14 terrenos con un valor catastral superior a los 44 millones de euros, como por ejemplo consultorio auxiliar del Raval Universitari, la ampliación del Hospital General, la Ciudad de la Justicia y el CEAM de la avenida de Los Pinos.
