CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana ha iniciado el proceso de 'desmantelamiento' del Plan de Acción Integrada (PAT) que se pretendía aprobar para la provincia de Castellón y que cuenta con la oposición de decenas de alcaldes y afectados de todos los colores políticos.
Aunque la versión oficial de la Conselleria es que se sigue trabajando en el proyecto, fuentes de la la administración autonómica insisten en que la aprobación del PAT no es una prioridad ahora mismo y que la intención es no sacar adelante esta herramienta que tiene una elevada contestación interna y que, además, se aprobaría a las puertas de un proceso electoral como las municipales de 2023 con varios vecinos enfrentados a los ayuntamientos.
De hecho, la propia Conselleria de Obras Públicas ha decidido revocar la suspensión de licencias en los suelos en situación básica rural del ámbito del plan hasta alcanzar el consenso suficiente, según publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Además, las alegaciones presentadas por los ayuntamientos tampoco han sido resueltas.
La suspensión de licencias se suma a que en varias localidades se contempla la prohibición de ampliar el suelo industrial e, incluso, deja a urbanizaciones consolidadas y protegidas por sus planes generales fuera de la ordenación. No en vano, se han presentado más de 150 alegaciones de Castelló, Burriana, la Llosa, Benicàssim, Borriol, Sant Joan de Moró, Vistabella, Moncofa, Cabanes, Almassora, Benlloch, Vall d'Uixó, Vall d'Alba, Benasal, Vila-real, Albocàsser, l'Alcora, Almenara, Betxí, Culla, Eslida, Onda, Atzeneta, Nules Vall d'Uixó o les Alqueries.
El PAT Castelló es un documento complejo y con carácter integrado que abarca 70 municipios pertenecientes a cinco comarcas: Plana Baixa, Plana Alta, Alto Mijares, Alt Maestrat y l’Alcalaten, con una población de 470.000 habitantes. La extensión de sus propuestas y su impacto sobre la mejora del territorio "requiere de la búsqueda de acuerdos y la aplicación de fórmulas cooperativas entre municipios, lo que supone una nueva cultura territorial que se debe implantar de forma racional y paulatina", aseguran desde la administración que dirige Arcadi España.
No obstante, la opinión de los alcaldes es contudente y por ello se han presentado las alegaciones. Además, recuerdan que en el caso de no ser contestadas dentro del plazo, como ha sucedido, el documento decae porque, en caso contrario, no tiene ninguna validez jurídica.