El declive del arbitraje de consumo en Castellón: una década de retroceso

La provincia de Castellón ha sido testigo de un preocupante declive en el uso del sistema de arbitraje de consumo durante la última década. Los datos proporcionados por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana revelan una tendencia alarmante que merece un análisis profundo y una reflexión seria sobre el futuro de este mecanismo de resolución de conflictos.

En 2012, Castellón registró 529 solicitudes de arbitraje, celebró 319 audiencias y dictó 303 laudos. Estas cifras reflejaban un sistema activo y utilizado por los consumidores para resolver sus disputas con las empresas. Sin embargo, una década después, en 2022, el panorama había cambiado drásticamente: solo 200 solicitudes de arbitraje, 161 audiencias celebradas y 130 laudos dictados.

El arbitraje de consumo, diseñado como una herramienta ágil, gratuita y eficaz para la resolución de conflictos, parece estar perdiendo su atractivo entre los consumidores castellonenses

Este descenso de más del 60% en las solicitudes de arbitraje y de más del 50% en los laudos dictados es un claro indicador de que el sistema está enfrentando serios desafíos. El arbitraje de consumo, diseñado como una herramienta ágil, gratuita y eficaz para la resolución de conflictos, parece estar perdiendo su atractivo entre los consumidores castellonenses.

Las ventajas del arbitraje de consumo son numerosas y significativas. Es un procedimiento gratuito para el consumidor, lo que elimina las barreras económicas de acceso a la justicia. Es más rápido que los procesos judiciales tradicionales, permitiendo una resolución ágil de los conflictos. Además, las decisiones (laudos) son vinculantes para ambas partes, lo que garantiza su cumplimiento. Sin embargo, estas ventajas no parecen ser suficientes para mantener el interés de los consumidores en el sistema.

¿Cuáles podrían ser las causas de este aparente fracaso? En primer lugar, es posible que exista un desconocimiento generalizado sobre la existencia y el funcionamiento del sistema de arbitraje de consumo. Las administraciones públicas podrían no estar realizando una labor de difusión suficiente, lo que llevaría a los consumidores a desconocer esta vía de resolución de conflictos.

Otro factor podría ser la falta de confianza en el sistema. Si los consumidores o las empresas perciben que las resoluciones no son favorables o que el proceso no es realmente imparcial, podrían optar por otras vías para la resolución de los conflictos. La disminución en el número de laudos dictados podría ser interpretada como una pérdida de efectividad del sistema.

La digitalización y el auge del comercio electrónico también podrían estar jugando un papel en este declive. Los conflictos de consumo en el entorno online pueden percibirse como más complejos o menos susceptibles de ser resueltos mediante arbitraje, lo que dificultaría su utilización.

Además, es posible que las empresas estén menos dispuestas a someterse al arbitraje de consumo. Si hay menos empresas adheridas al sistema, naturalmente habrá menos casos que puedan resolverse por esta vía.

Se necesita una evaluación exhaustiva del sistema de arbitraje de consumo para identificar las causas exactas de este declive y diseñar estrategias para revitalizarlo

Es crucial que las autoridades de Castellón y de la Comunitat Valenciana tomen nota de esta tendencia y actúen en consecuencia. Se necesita una evaluación exhaustiva del sistema de arbitraje de consumo para identificar las causas exactas de este declive y diseñar estrategias para revitalizarlo.

Algunas medidas podrían incluir campañas de información y sensibilización dirigidas tanto a consumidores como a empresas, mejoras en la accesibilidad del sistema, especialmente en el entorno digital, y quizás incentivos para que las empresas se adhieran al sistema de arbitraje.

El arbitraje de consumo sigue siendo una herramienta valiosa para la protección de los derechos de los consumidores y para fomentar prácticas empresariales responsables. Su declive no solo afecta a los consumidores individuales, sino que también puede tener un impacto negativo en la confianza general en el mercado y en la percepción de la justicia en las relaciones de consumo.

Es momento de que todos los actores implicados -administraciones públicas, asociaciones de consumidores, empresas y la sociedad en general- reflexionen sobre el valor del arbitraje de consumo y trabajen conjuntamente para revitalizarlo. Solo así podremos asegurar que los consumidores castellonenses vuelvan a contar con un mecanismo eficaz y accesible para la resolución de sus conflictos de consumo, contribuyendo a desatascar el colapso que sufre la Administración de Justicia.

El autor es abogado experto en consumo