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El defensor del pueblo catalán pide que Escal devuelva la indemnización por el almacén Castor

28/02/2019 - 

BARCELONA (EFE). El síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, y cinco colegios profesionales de Barcelona han firmado un documento que confirma irregularidades en los estudios técnicos del almacén de gas subterráneo Castor, y exige que la empresa concesionaria, Escal UGS, participada por ACS, propiedad de Florentino Pérez, devuelva la indemnización.

En 2014, el Congreso aprobó un real decreto ley para indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones de euros con cargo al sistema gasista, es decir, que deben abonar los usuarios del sistema en un plazo de 30 años, una norma que el Tribunal Constitucional (TC) anuló parcialmente a finales de 2017.

El documento firmado por el síndic de Greuges, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y los colegios de Geólogos, Ambientólogos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes señala que la concesionaria debería haber devuelto el dinero de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Supremo (TS). En estas sentencias, ambos tribunales declararon que las leyes que permitían este pago compensatorio a la concesionaria eran inválidas y no debían tener ningún efecto, lo que se conoce como ex tunc y tiene como consecuencia pretender que la norma nunca ha existido.

No obstante, la empresa recibió el pago antes de estas sentencias, pero teniendo en cuenta este efecto ex tunc que el TC y el TS reconocieron hace más de un año "deberían iniciar los procedimientos para llevar a cabo una ejecución subsidiaria porque la empresa no ha devuelto el dinero", según el documento conjunto.

Hay instrumentos para la devolución

La representante del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Susana Ferrer, ha constatado que el poder judicial y el Gobierno tienen mecanismos legales para poder "ejecutar íntegramente" las sentencias del TC y TS, que obligaría a la empresa concesionaria a devolver la indemnización recibida. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha afirmado que es "totalmente inadmisible el incumplimiento de las normas que rodeó a la plataforma", y también ha exigido al Ejecutivo que inicie una auditoría técnica.

El representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Chica, ha explicado que "el fundamento en que nos basamos para pedir la auditoría es que el análisis y los datos que se han publicado estaban incompletos o eran contradictorios y así no podemos saber qué es lo que realmente pasó".

El representante del Colegio de Geólogos, Ramón Pérez, ha dicho que debería llevarse a cabo la autoría porque sería beneficioso para la sociedad. "No debemos pensar que el almacenaje en suelo subterráneo es malo, seguramente en el futuro los necesitaremos, por eso es útil saber qué falló con el Castor", ha señalado. No obstante, Pérez ha puntualizado que cuando se desarrollan este tipo de estructuras "si los estudios previos técnicos dicen que no son viables, no deben hacerse, por mucho dinero que se haya invertido y posibles acuerdos o promesas políticas que se hayan hecho".

Ribó ha anunciado que este documento se enviará al Parlament de Cataluña y al Gobierno español.

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