CASTELLÓ. El gobierno del Fadrell ha decidido blindar su versión con respecto a la polémica contratación de la sala de emergencias y el defectuoso funcionamiento de las cámaras. Una decisión que ha quebrado el consenso en el debate y que, además, llega tras dos años de comisión de investigación.
Por partes. Tras dos años de comisión de investigación, el pleno debía aprobar las conclusiones pero, ante la falta de acuerdo, tanto el Partido Popular como Ciudadanos han querido aportar sus propias conclusiones en forma de voto particular. Sin embargo, la mayoría del equipo de gobierno ha rechazado sus versiones y en el pleno solo se ha aprobado la versión de PSPV, Compromís y Podem. Además, el socialista Omar Braina animaba a PP y CS a "ir a los tribunales" si no estaban de acuerdo y ha recordado que "todos sabemos cómo acaban las denuncias falsas del PP", rompiendo así los puentes con la oposición.
Ciudadanos, que ha presidido la comisión, considera que el cierre de esta comisión es en falso ya que "se ha demostrado que la sala no funciona y que el objeto del contrato no se ja cumplido", explicaba el portavoz de los naranjas, Vicente Vidal, quien pedía que se retirara de las conclusiones que "la oposición hemos querido enfangar y manipular la política municipal con este asunto", una petición que era rechazada. "Se han pagado 6 veces más de lo que cuesta esa sala y el problema es que ustedes mienten" ya que "no tienen ni la sala, ni el dinero".
Por su parte, el Partido Popular, ha expuesto su versión en la que cuestiona "que el objeto del contrato no se ha cumplido" y que "cuatro años después, sabemos sin saber por qué una sala que iba a costar 900.000 euros costó luego 600.000 euros y el contrato de prescripciones técnicas se dio a otra empresa" o ahondó en el hecho de que las cámaras no funcionaran en el asalto al ayuntamiento en 2017, tal y como advertía Vicent Sales, quien señalaba que "un juez deberá resolver todas estas dudas".
Fernando Navarro, de Podemos, advertía al PP que "han bebido de una fuente envenenada" y ha señalado que "la sala era necesaria y esa licitación era necesaria, es evidente que había una complejidad en la gestión". Además, Navarro ha manifestado que "el objeto del contrato se ha cumplido y saben que no ha habido implicación política en toda la contratación".
Francesc Mezquita, de Compromís, consideraba que "pensamos que la comisión de investigación ha sido una pérdida de tiempo" y consideraba que "quieren cuestionar la gestión del equipo de gobierno y su política de desgaste no tiene límites y si de verdad tienen pruebas, no tienen más que ir a los juzgados".
El socialista Omar Braina fue el más duro en su intervención al asegurar que la actuación de PP y Ciudadanos había sido "lamentable" ya que "han intentado crear sombras de sospecha sobre las empresas" ya que "han hablado de prevaricación y si tiene alguna duda, vayan a los tribunales". Al final, el pleno aprobó las conclusiones de la comisión de investigación y rechazó las propuestas de PP y Ciudadanos.