CASTELLÓ. El Acord de Fadrell se abona a la aprobación tardía del presupuesto del Ayuntamiento de Castelló. Las cuentas municipales tienen cada vez más visos de entrar en vigor a partir del verano, al igual que sucediera en 2020, cuando el equipo de gobierno activó las previsiones económicas a finales de agosto tras hacer valer su mayoría en la votación del último pleno celebrado antes de las vacaciones estivales.
Según reconoce el portavoz suplente del ejecutivo municipal, Fernando Navarro, todo apunta a que la farragosa tramitación concluirá en julio, a pesar de que existen "instrucciones" de acelerar el proceso administrativo desde hace semanas para que la oposición pueda disponer del borrador lo "antes posible". Sin embargo, las distintas etapas burocráticas invitan a pensar que ni en mayo ni en junio el proyecto financiero será una realidad.
Ahora mismo, y tras el acuerdo entre los tres partidos que integran el gobierno local (PSPV, Compromís y Podem-EUPV), los distintos departamentos del consistorio (Intervención o Tesorería) trabajan contra reloj para plasmar sobre el papel los capítulos relativos a ingresos y gastos, personal e inversiones, entre otros. Una vez los documentos del presupuesto de 2021 estén redactados, la Junta de Gobierno Local los avalará en una sesión ordinaria. Seguidamente, se convocará una comisión plenaria para facilitárselos a la oposición (PP, Cs y Vox), que podrá analizarlos durante cinco días con la finalidad de presentar enmiendas.
Las alegaciones serán debatidas en una nueva reunión entre los grupos municipales. Su aceptación o desestimación se abordará en un pleno, presumiblemente de carácter extraordinario. La aprobación definitiva por parte de la corporación permitirá, a continuación, abrir una exposición pública de 10 días hábiles al objeto de que asociaciones y otras entidades locales puedan realizar aportaciones.
Dependiendo de la formalización de alguna sugerencia y su complejidad jurídica y técnica, la entrada en vigor de las cuentas municipales todavía podría demorarse más. El pasado año, ningún colectivo rebatió el proyecto económico, con lo que tuvo validez desde el 25 de agosto. Hasta ese momento, y a fin de garantizar el funcionamiento interno del consistorio, resultó imperativo acometer varias operaciones de tesorería, además de prorrogar el presupuesto de 2019.
"Trabajamos y deseamos que el presupuesto esté para junio. Si fuera así, y terminado el plazo de alegaciones públicas, nos iríamos ya a julio", reconoce Navarro, quien recuerda que "hace semanas que los 15 concejales llegamos a un acuerdo político", por lo que los técnicos "deben materializar las instrucciones en los expedientes".
Si el año pasado la pandemia alteró la hoja de ruta, en el presente curso el hackeo sufrido el 30 de marzo se sumó a las divergencias iniciales de los socios respecto a determinadas cuestiones, como la relación de puestos de trabajo. "La tramitación de los técnicos se ha visto afectada por el ciberataque", sostiene el líder de Podem-EUPV, quien se mostró a principios de año muy crítico con el primer partido del gobierno, el PSPV, cuando inició negociaciones con Ciudadanos para incorporar sus propuestas y, con ello, obtener un mayor respaldo institucional. Sin embargo, esas conversaciones nunca llegaron a buen puerto, lo que tranquilizó a la confluencia y la formación valencianista con vistas a garantizar su cupo en el reparto económico de las concejalías.