CASTELLÓ (EP). El fiscal solicita entre 2 años y seis meses y 7 años de prisión para los siete acusados en la causa por las presuntas facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno de Castellón y pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial.
Así, en las conclusiones provisionales, el Ministerio Público afirma que uno de los acusados, que ejerció de cajero pagador de la Subdelegación del Gobierno, entre 2013 y 2017, valiéndose de su cargo, hizo uso de tarjetas propiedad de la institución y repostó con ellas sus vehículos particulares que fingió eran oficiales, todo ello sin conocimiento de las empresas de repostaje, "aumentando falsamente en los registros de la Subdelegación el kilometraje de los vehículos oficiales y obteniendo así la conformidad y aprobación de gasto por el subdelegado o tercero en delegación de éste lo que le reportó un beneficio de 12.051,34 euros".
De igual modo, el fiscal indica que el acusado, en el mismo periodo de tiempo, reparó sus vehículos particulares en varios establecimientos. Los propietarios de estos establecimientos emitían las correspondientes facturas para remitir a la Subdelegación a quién, según indicación del acusado, creían propietaria del vehículo, haciendo constar el importe real de la reparación, lo que le reportó un beneficio de 15.557,24 euros sin que conste facturasen por servicios no realizados, a salvo un taller propiedad de otro acusado, que, en connivencia con el primero, emitió facturas falsas por trabajos no realizados y otras por trabajos en vehículos particulares del otro procesado a sabiendas de esta condición, que facturaron a cuenta de la Subdelegación por importe que no se ha determinado.
Respecto a otros dos acusados, propietarios de un establecimiento y al administrador de hecho de otro establecimiento, el fiscal señala que, con ánimo de ilícito enriquecimiento, se concertaron con el cajero pagador de la Subdelegación y generaron facturas falsas que no respondían a material ni prestación de servicio alguno.
Dichas facturas fueron pagadas por la Subdelegación siguiendo el procedimiento de pago habitual ya descrito, repartiéndose los acusados las cantidades percibidas en tales conceptos y que respecto a uno de los establecimientos ascienden a 206.661, 28 euros y en lo que a al otro se refiere ascienden a 162.046,29 euros. Del mismo modo, el cajero pagador de la Subdelegación elaboró y cobró a cuenta de la institución facturas completamente falsas de empresas inexistentes o bien sin conocimiento ni consentimiento de establecimientos, en cantidades por el momento no determinadas.
Por su parte, otro de los acusados ejerció iguales funciones que el cajero pagador de la Subdelegación, si bien limitadas a un edificio ubicado en Castellón y sujeto al presupuesto de la Subdelegación, todo ello al menos desde el puesto en el que permaneció hasta su jubilación en 2012. Así, ambos, según el Ministerio Público, crearon entre los años 2007 hasta 2017 una trama para lograr el desvío hacia su propio patrimonio o el de terceras personas de fondos de la Subdelegación causándole un perjuicio económico a ésta y todo ello mediante diversas actuaciones en las que tuvieron distinta participación, tales como la elaboración de facturas falsas.
En este estado de cosas, estos acusados acudieron a diversos establecimientos y adquirieron artículos que destinaron a su propio beneficio, emitiéndose posteriormente por los propietarios las correspondientes facturas de compra a cargo de la Subdelegación, a la que creían destinataria de los artículos y empleando, por indicación de los acusados, conceptos genéricos por importes reales, causando un perjuicio a la Subdelegación en cuantía, por el momento, no determinada.
Del mismo, ambos acusados, desde el año 2009 y hasta 2017, se concertaron con otro acusado y generaron facturas falsas por servicios no prestados que facturaron a la Subdelegación repartiéndose las ganancias superiores a 50.000 euros y cuyo importe total por el momento no ha sido determinado. El conjunto del perjuicio para la Subdelegación de Castellón ha sido superior a 250.000 euros.
Según el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito de falsedad en documento oficial y mercantil.
Así, solicita para el que fuera cajero pagador de la Subdelegación 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 14 años, mientras que para el acusado que ejerció iguales funciones que el anterior pide 7 años de cárcel e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 16 años.
Para el resto de acusados, el Ministerio Público solicita entre 2 años y 6 meses y 4 años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de entre 5 y 11 años.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón archivó las investigaciones seguidas en esta misma causa contra dos exsubdelegados del Gobierno en esta provincia, el socialista Antonio Lorenzo, y el que le siguió en el cargo, el 'popular' David Barelles, al considerar que los dos eran ajenos a la trama y firmaron directamente o por personas delegadas las facturas y ordenaron los pagos "bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios".