CASTELLÓ. El magistrado del Juzgado de Instrucción nº1, que investiga las diferentes ramas del conocido como caso Subdelegación, que trata de dilucidar a qué se destinó el dinero proveniente de supuestas facturas falsas con origen en la Subdelegación del Gobierno de Castellón, ha decidido archivar provisionalmente la causa para los dos ex subdelegados investigados: David Barelles y Antonio Lorenzo.
Fuentes del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana confirman el sobreseimiento provisional, que ya era esperado en el entorno judicial debido a la evolución de la investigación. Hace dos años el juez separó las causas a los ex subdelegados de la trama principal y recientemente decretó el sobreseimiento para 26 investigados y abrió procedimiento para los siete acusados que quedan en el caso.
Tras conocer la noticia, David Barelles ha lanzado un mensaje en redes sociales en que ha destacado su alegría por dejar atrás "un proceso judicial arduo y tedioso". El ex subdelegado del Gobierno con el PP señala que él empezó el proceso "como denunciante" y que, ahora, queda patente su "honorabilidad y buen hacer". Además afirma que volvería "a denunciar de nuevo" si se encontrase con una "mala praxis en la Administración", aunque ello supusiera apartarle "de la vida pública, que se dude de mi honorabilidad y quedarme con pocos amigos".
Por su parte, también en redes sociales, Antonio Lorenzo ha recordado el "laberinto personal y profesional" vivido: "Han sido más de 1.500 días, con sus noches (especialmente con sus noches), de dolor, sobre todo para mi familia y tantas amigas y amigos que han sufrido mi abatimiento". Ahora, una vez sobreseída su actuación, destaca su "satisfacción", pero no la "felicidad", para la que "ha de pasar todavía el tiempo".
Entre los investigados en la causa que permanece abierta figuran los dos antiguos funcionarios de la Subdelegación -uno que ejercía como habilitado y el encargado de la gestión económica-, que son los que presuntamente ejercían de cerebros de la trama, así como cinco empresarios que regentan un taller, una papelería, una ebanistería y una librería.
En esta causa principal, tal y como ha destacado el TSJ en un comunicado, se investiga un perjuicio a las arcas públicas por un importe superior a los 250.000 euros entre los años 2007 y 2017. Las diligencias han constatado la existencia de indicios de elaboración de facturas falsas para el pago de servicios, atenciones protocolarias o gastos electorales que en realidad no habían sido prestados, entre otras irregularidades.
Ahora, el instructor ha determinado, en dos autos separados contra los que cabe recurso, que los dos exsubdelegados eran ajenos a la trama y firmaron directamente o por personas delegadas las facturas y ordenaron los pagos "bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios".
En el caso del que fuera responsable de la institución entre los años 2007 y 2012, Antonio Lorenzo, el auto señala que no ha quedado "acreditada debidamente" su "intervención directa en la elaboración de documentación falsa respecto a los comensales que acudieron a distintas comidas y diversos gastos en restaurantes".
A la misma conclusión llega el magistrado instructor respecto al subdelegado que ejerció el cargo entre 2012 y 2018, David Barelles, igualmente en relación a los gastos en restaurantes y los asistentes a diferentes comidas. En su caso, además, la resolución judicial precisa que, tal y como consta en las actuaciones, durante su mandato "se vieron notablemente reducidos dichos gastos".
Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se opusieron a la solicitud de sobreseimiento formuladas por las defensas de ambos investigados. En cualquier caso, contra los dos autos se pueden interponer recursos de reforma y/o de apelación.
En ambos casos, el magistrado subraya la "extensa instrucción practicada", que se remonta a 2017 en unas diligencias previas que llegaron a tener hasta más de 30 investigados y de las que se pretende que el habilitado de la Subdelegación del Gobierno de Castellón y encargado de la gestión económica, en su condición de administrador del edificio La Pau de esa sede, desde 2007 y hasta 2017, en connivencia con otras personas, idearon una trama para desviar hacia su patrimonio o de otras personas o mercantiles, fondos públicos de la Subdelegación, valiéndose para ello de la elaboración de facturas falsas por servicios no prestados o por cuantías diferentes.
Esas facturas fueron abonadas por la administración tras las conformidades y órdenes de pago correspondientes, que causaron un perjuicio económico a las arcas públicas por importe superior a 250.000 euros. Los subdelegados, ajenos a la trama y bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios, firmaron directamente o por persona delegada, las conformidades y ordenaron los pagos con cargo a la Subdelegación.
El magistrado considera que no ha quedado acreditada la participación de ambos "vista la documentación obrante en autos, las distintas declaraciones realizadas en sede judicial, los informes policiales obrantes en la causa y el particular resultado de las distintas diligencias de instrucción practicadas".
El informe pericial sobre la legalidad, eficacia y economía de los gastos satisfechos por la Subdelegación del Gobierno de Castellón durante los años 2004 a 2017, realizado por la Intervención General del Estado, puso de relieve, entre otros extremos, que los gastos de la Subdelegación por atenciones protocolarias y representativas y por reuniones carecían de una adecuada justificación y que se había verificado una gestión "ineficiente" de los recursos públicos, al haberse empleado "mayores recursos de los que eran necesarios para cubrir las necesidades públicas".
Igualmente se puso de relieve la existencia de una serie de facturas correspondientes a gastos por procesos electorales que no se produjeron como consecuencia de la celebración de estos y, por tanto, que no procedía su imputación al presupuesto habilitado para ello. De igual manera, se puso de relieve que de forma indebida se había utilizado por parte de la Subdelegación el pago en efectivo de manera recurrente a lo largo de los años.
