CASTELLÓ. El exsecretario general del PP de la Comunitat Valenciana, el castellonense Ricardo Costa, ha visto cómo desaparece su condena de cuatro años de prisión a raíz de su participación en la trama Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia ha suspendido su condena y a cambio le ha impuesto 365 jornadas de trabajo comunitario debido a su colaboración en la investigación de la financiación ilegal del PPCV.
Según adelanta este jueves El País, el magistrado destaca la "excepcional" ayuda de Costa para destapar "la financiación ilegal del PP" y espera que la medida sirva para "atajar la lacra de la corrupción".
Costa, que pidió en octubre a la Audiencia Nacional que hiciese firme su fallo, negando así la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo, podía evitar ya con aquella sentencia su ingreso en prisión por su condena a cuatro años, ya que ninguna de las penas individuales supera los dos años y el Código Penal permite suspenderlas en ese caso. En aquella sentencia también se le impuso una multa de 75.000 euros, que Costa ya pidió que se cobrase de lo que se le había embargado.
Entonces, el juez Vázquez Honrubia ya tuvo en cuenta su colaboración para aplicarle un atenuante al fijar su pena, algo que ahora se ha visto mejorado.
En el juicio en la Audiencia Nacional, Costa hizo una declaración sorprendente, confesando que el PP valenciano que él dirigía junto con Francisco Camps se había financiado con dinero negro y que él lo supo desde el principio y no hizo nada para evitarlo. Fue condenado hace justo un año a cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad documental por la financiación irregular de las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008. El magistrado ya tuvo en cuenta el atenuante de confesión para imponerle esa pena, si bien ahora, ante la petición de la defensa, ha optado por librarle de la cárcel.
El juez Vázquez Honrubia está de acuerdo con la defensa, y así ha corroborado Anticorrupción, que después del juicio Costa "ha seguido colaborando con la Fiscalía y órganos judiciales cuando menos en tres procedimientos de análoga significación delictiva seguidos en Valencia", esto es, los casos relacionados con la construcción del circuito urbano de Fórmula I y el 'caso Imelsa' de corrupción en la Diputación de Valencia.
También destaca la defensa que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso conocido como 'caja b' o 'papeles de Bárcenas' sobre la existencia de una contabilidad paralela en el PP y que su colaboración permitió "reordenar y ampliar la investigación", ya que el mismo De la Mata reabrió la pieza 5 del 'caso Gürtel' por la que ya ha sido procesado Francisco Camps.
"Estas alegaciones defensivas son corroboradas por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en su informe señala que el fiscal ha comprobado la conducta actual de colaboración con la Justicia, pues se ha constatado que Ricardo Costa ha protagonizado unos méritos que procede tomar en consideración", explica el auto del magistrado.
"Por tanto, sí puede considerarse que esta relevante y continuada colaboración efectiva con la Justicia puede y debe enmarcarse en el principio esencial de reparación del daño, pues toda esta colaboración supone una disminución del resultado antijurídico del delito, es una forma de reparación del daño en cuanto procura una restitución del orden jurídico perturbado, restaurando la confianza en dicho orden", remarca.
Eso sí, tras argumentar que los delitos que cometió pudieron provocar "alarma social" y afectaron a "intereses generales constitucionalmente protegidos", el juez está de acuerdo con Fiscalía en que la suspensión de la condena de prisión se vea condicionada al pago de una nueva multa, además de la de 75.000 euros que ya le impuso en sentencia, y trabajos comunitarios para evitar que se pueda "trasladar al condenado una indeseable sensación de impunidad".
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell