CASTELLÓ. El juzgado estrecha el cerco en el caso de los cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), por el que presuntamente se desviaron 1,8 millones. Y es que uno de los empresarios ha reconocido ante el juez, durante la fase de instrucción, la falsedad de las facturas.
Así lo recoge el auto de la Audiencia Provincial de Castellón por el que desestima los recursos que los diferentes encausados habían presentado al procedimiento abreviado por el que se les pretende juzgar. Concretamente, y según ha podido saber Castellón Plaza, ha sido el empresario Rufino Martínez quien ha reconocido en su declaración judicial que fue "su suegra" Elodia Benedito "quien confeccionó las facturas falsas y que los cursos nunca fueron impartidos por él", tal y como señala el auto.
Asimismo, Martínez ha indicado al juez que "las facturas libradas fueron abonadas a sus emisores desde la Confederación de Empresarios de Castellón", algo que se produjo a pesar de que "dichos cursos no se iban a impartir ni habían sido incluidos como docentes en el programa", como han constatado a través de diferentes vías los diferentes magistrados instructores del caso.
Esto pone en serios apuros a los dos responsables de la CEC encausados por el asunto, su exsecretario general Rafael Montero y el exdirector de Economía y Formación de la patronal castellonense, José Antonio Espejo. De hecho, en su escrito, los tres magistrados de la Audiencia Provincial reconocen que en la fase de instrucción del caso se han recogido "los distintos extractos de cuentas, transferencias, titulares de cuentas, y demás operaciones bancarias que reflejan la disposición de los fondos de subvención a fines distintos de la formación a la que iban destinados".
Asimismo, el escrito apunta textualmente a "la falta de justificación documental por los investigados del destino de los fondos recibidos". Por todos estos motivos, los tres jueces de la Audiencia Provincial han desestimado los recursos de los mismos Montero, Espejo y Benedito, así como de las diferentes empresas para las que trabajaban y han convertido en firme el auto de procedimiento abreviado que ya dictó el juzgado de instrucción en julio de 2016. Además de estos y de Martínez está imputada en el caso la mujer de esta e hija de Benedito, Elodia Salvador.
De esta manera la Audiencia Provincial pone punto y final a una fase de instrucción que se ha prolongado más de lo esperado. Y es que, a finales de 2017, este mismo tribunal dejó sin efecto el auto de procesamiento inicial y, posteriormente, una vez concluida de nuevo la instrucción, los diferentes recursos han prolongado la tramitación.
Este celo en la instrucción ha llevado a que, "contrariamente a lo expuesto por los recurrentes", las acusaciones de falsedad en documento mercantil y fraude de subvenciones se apoyen "en las múltiples diligencias de investigación practicadas", que incluso quedan recogidas en el auto de incoación de procedimiento abreviado "entre paréntesis, con indicación del concreto folio y tomo donde se ubican, de manera que se expresa con ello cada dato objetivo de los que se deduce la relevancia penal de la conducta desarrollada por cada interviniente".
El auto dictado ahora deja vía libre a la Fiscalía para pedir la apertura de juicio oral y para que se presenten otras partes como acusación particular.
