CASTELLÓ. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado el levantamiento del secreto que pesaba sobre las pesquisas que llevaron el pasado martes a registrar el domicilio del que fuera presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra. De ahí que se haya podido saber que las diligencias estén relacionadas con un presunto alzamiento de bienes a raíz de la sentencia que le condenó en 2013 a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

Junto al exdirigente político del PP, están investigados en esta causa su mujer, un hijo y una cuarta persona, cuya identidad se desconoce. El juez Jacobo Pin, que casualmente es el mismo que instruyó la causa que llevó al enjuiciamiento de Carlos Fabra cuando era titular del juzgado de Nules, abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación, según informan este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El levantamiento del secreto de las investigaciones permitirá a las partes conocer los detalles de las indagaciones que se llevan a cabo y que llevarán al expresidente del PP en Castellón y al resto de imputados a tener que declarar ante el juez los próximos días 28 y 29 de octubre.