Fotos: Antonio Pradas
CASTELLÓ. El llamado caso de los sobres se ha vuelto a juzgar en la Audiencia de Castelló y, en contra de la previsión inicial, en solo una mañana el tribunal ha podido escuchar todas las pruebas testificales y tras un receso, abordar las conclusiones de las partes.
De esta forma, este caso que arranca en 2014 y cuyo recorrido judicial comienza en 2018 ha quedado visto para sentencia. Será el jurado popular quien dedica el veredicto que se dará a conocer en breve para, posteriormente, conocer la sentencia al respecto. La sesión del miércoles ha contado, además, con la declaración de los acusados y los testigos, entre los que ha destacado la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco.
Lo que se juzga en este proceso es si los entonces concejales de Bloc-Compromís, Enric Nomdedéu y Ali Brancal, así como el asesor del grupo municipal, los tres acusados de la causa, remitieron propaganda electoral dentro de sobres a cargo del erario público, aprovechando el servicio postal de Correos del Ayuntamiento de Castelló.
El principal foco se matiene sobre Nomdedéu por seguir siendo un político en activo, secretario autonómico de Empleo, ya que Brancal dimitió tras una travesía con su propio partido. El resposable autonómico ha explicado que este proceso es un "calvario" y ha reiterado que nunca envió propaganda electoral desde el Ayuntamiento de Castelló ya que él no es "un delincuente" sino un político "serio".
El principal testigo de la acusación, ex concejal del PP y motor de todo el proceso, Juanjo Pérez Macián, ha sido la testifical que más tiempo ha estado declarando. Según su relato, un viernes cerca del mediodía de 2014, un funcionario del Ayuntamiento le "advirtió" de algo "sospechoso" que era el envío de varias cajas con sobres de lo que podría ser propaganda electoral.
Tras relatar que tuvo un enfrentamiento con Nomdedéu -y decirle el concejal de Compromís que el envío se trataba de un boletín informativo- se procedió al envío pero, "pedí hacer un segumiento del coste del envío" ante esas "sospechas".
Tanto Nomdedéu como Pérez Macián han relatado que habían mantenido una relación estrecha de amistad -incluso habían ido el uno a la boda del otro- pero que en aquel momento la relación estaba rota.
Pasado un tiempo se devolvieron algunos de los sobres enviados y, tal y como ha explicado el funcionario que advirtió de los presuntos hechos, "me dijo Pérez-Macián que si devolvían algún sobre, se lo llevara a él directamente", según Carlos Limonges, el funcionario ya jubilado.
El testimonio del exconcejal del PP aseguraba que años después (en 2018) aparecieron en el despacho de los populares los sobres y uno de ellos estaba abierto, por lo que vieron que había propaganda electoral y decidieron presentar una querella.
La acusación también ha aportado el testimonio de Manuel López Safont quien ha asegurado en sede judicial haber recibido una carta del Ayuntamiento y que al abrirla vio que contenia propaganda electoral de Comrpomís para las elecciones europeas de 2014, lo que le extrañó.
En esta primera sesión también ha comparecido la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, como testigo, quien ha declarado sobre los informes elaborados por la jefa de Asuntos Internos del Ayuntamiento y la asesoría jurídica del mismo y en los que, ha indicado "no se pudo concretar el gasto que ocasionó el envío de los sobres". La alcaldea ha mantenido un momento de tensión con la representante del Ministerio Fiscal durante su declaración al preguntarle la fiscal sobre si la alcaldesa no había tenido "interés" por la causa judicial a lo que Marco ha respondido que ha aportado toda la información "técnica y no política" tal y como se les ha solicitado.
La defensa ha aportado varias pruebas en forma de declaraciones con militantes de Compromís que han explicado que lo único que se metía dentro de los sobres eran los boletines de la actividad municipal. Los tres acusados han sostenido que periódicamente su grupo enviaba un boletín de información sobre su acción política en un sobre con membrete del consistorio -previa autorización del envío- a militantes y simpatizantes que habían dado su autorización para ello.
Han señalado que en ningún caso se envió propaganda electoral -pues se hacía de manera centralizada desde el partido- y que tampoco ellos eran los encargados de ensobrar los boletines, sino que la tarea la realizaban militantes de manera voluntaria, como atestiguaron dos testigos.
Tras las conclusiones, el Ministerio Público ha vuelto a pedir la absolución para los acusados, al igual que la defensa y la acusación ha pedido tres años de prisión para Brancal y Torres, a los que considera autores de un delito de malversación de caudales públicos, y para Nomdedéu se piden seis años de cárcel, ya que le consideran también autor de un delito de falsedad documental.
El juez dará un plazo desde el jueves y hasta el viernes para que el jurado lea su veredicto y en base a él, redactará la sentencia.
