El juzgado levanta la medida que obligaba al Ayuntamiento a retirar 32 libros LGTBI en 11 institutos

CASTELLÓ (EFE). l titular el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Castellón ha levantado la medida adoptada por una magistrada sustituta del mismo juzgado que había suspendido la entrega de libros de temática LGTBI en 11 institutos y un centro público de la ciudad de Castelló ya que el contenido de los libros tiene "fundamento legal directo en la ley de la Generalitat de reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género".

La magistrada sustituta había acordado, con fecha 15 de octubre, la medida cautelarísima de no distribuir esos 32 libros a petición de la Asociación Abogados Cristianos.

Según el auto hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la asociación cristiana afirmaba que se trata de libros con perspectiva y temática LGTBI que "son ilegales desde varios puntos de vista" y alegaba que "no solo es un libro con un contenido sexualmente explícito, sino que recurre al constante escarnio de las religiones, y no solo de la católica, también realiza un ataque flagrante al Islam, al judaísmo y a la religión evangélica".

Ante estas afirmaciones, el magistrado dice que "resulta obvio" que están realizadas sin "el necesario sustrato probatorio, siquiera indiciario".

Lo que dice la ley autonómica

Además, explica, contrariamente a lo que indica la parte demandante, el uso que los centros hagan de los libros donados "no depende" del Ayuntamiento, sino que se engloba dentro de la ley autonómica que "prevé la existencia en las bibliotecas púbicas de obras literarias de la temática indicada, siendo ya una cuestión ajena al acto administrativo impugnado y a la competencia municipal, el modo en que puedan ser utilizados los materiales dentro del sistema educativo público".

Por su parte, el consistorio había afirmado que su actuación encuentra su fundamento legal "dentro de las competencias municipales de promoción de la cultura y equipamientos culturales" previstas legalmente.

Así, tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal, el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada "tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generaltat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana".

Según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, "no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal", así como tampoco "de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos (...)".

"No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (...). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares", concreta el auto.

Abogados Cristianos recurrirá

La Fundación Española de Abogados Cristianos recurrirá esta decisión. Su presidenta, Polonia Castellanos, asegura que "la resolución incurre en varios errores cuando dice, por ejemplo, que las bibliotecas de los institutos son de titularidad municipal". Además, afirma que "el juez en este auto desoye el informe del Ministerio Fiscal".  Por último, destaca que "se trata de un ataque contra la religión, la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y contra el interés del menor instruyéndoles en pornografía, prostitución y sexo con drogas".

Por otro lado, el colectivo ha iniciado una recogida de firmas para solicitar a la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, que fuerce la salida de la edil de Cultura, Verònica Ruiz (Compromís), del equipo de gobierno.

Satisfacción de Ruiz

Tras conocer la resolución del TSJCV, Ruiz aseguró que "nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y mañana [este martes] estudiaremos la resolución con los servicios jurídicos municipales para conocer qué implicaciones tiene este dictamen, ya que aún no hemos tenido la ocasión". Ahondando en el auto, la edil de Cultura manifestó que "celebramos el alzamiento de la medida cautelar. Es un acto de justicia social a favor de la comunidad representada bajo las siglas LGTBI y sus derechos. Con este gana la democracia y se cumple con las leyes que defienden la igualdad y la diversidad".