CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló ha celebrado este jueves el pleno del mes de diciembre en el que ha quedado aprobado por unanimidad la la suspensión de la tramitación y el otorgamiento de licencias de instalación de puntos o unidades de suministro de combustible en núcleos residenciales consolidados. Una suspensión aplicable por periodo de dos años hasta que se modifique el Plan de Ordenación pormenorizado.
El edil de Urbanismo y de Servicios Públicos Sergio Toledo, ha señalado que "tras la aprobación de este punto en la Junta de Gobierno Local el pasado 12 de diciembre, ahora ha sido ratificada en el Pleno por lo que hemos podido denegar la instalación de una gasolinera en el barrio de Rafalafena junto a edificios de viviendas, tres colegios y un parque. Una noticia de la que debemos alegrarnos todos por el excelente equipo jurídico y técnico que tiene este Ayuntamiento".
De este modo quedan blindados los núcleos residenciales de la capital para que no se instalen en ellos gasolineras y se establece que esta suspensión de tramitación quede vigente durante dos años. Toledo ha enfatizado que "el gobierno con esta actuación garantiza a los castellonenses que no se van a producir situaciones similares y permitirá poder anticiparnos a futuras solicitudes de este tipo de instalaciones".
Tres expedientes de facturas de 2023
La sesión plenaria ha aprobado el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de 3 relaciones de facturas pendientes de 2023 por un importe total de 2.144.927,62 euros. El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento, Juan Carlos Redondo, ha lamentado que en el último pleno del año se haya tenido que incluir en el orden del día "es un indicador de falta de previsión económica y mala gestión de los recursos que se ha estado haciendo durante los últimos 8 años" y ha afirmado que "este equipo de gobierno está trabajando desde el primer día en realizar una gestión responsable de los recursos económicos así como de la gestión de contratación para cumplir con el objetivo de no tener que pagar fuera del procedimiento ordinario" y además ha subrayado que "este gobierno ha hecho ya y está haciendo más por reducir las facturas irregulares en 5 meses, que las dos anteriores corporaciones en 8 años. Con los 3 últimos expedientes que hoy han sido aprobados, alcanzamos la cifra récord de 71,7 millones de euros pagados en más de 3.400 facturas irregulares desde 2016, y esperemos que con ellos se cierre también una etapa de gestión económica gris", ha aseverado el edil.
A este respecto Redondo se ha referido al contrato de servicio de ambulancias "que se había presupuestado en 115.000 euros y solo en el primer semestre y a fecha 16 de junio la partida ya estaba en -3.000 euros, es decir ya estaba agotada". Redondo ha dado cuenta de que "este gobierno ya ha adjudicado el nuevo contrato por 200.000 euros, garantizando el servicio".
Finalmente se ha desestimado una moción presentada por el grupo Compromís en la que solicitaba que la administración municipal limitase el precio de los alquileres en la ciudad. El concejal del gobierno, Vicent Sales, ha defendido que "no hemos aprobado la moción porque carece de credibilidad teniendo en cuenta la inacción del anterior gobierno en los últimos 8 años". El edil ha concluido aseverando que "limitar el precio de los alquileres es contraproducente porque la reducción de la oferta repercute directamente en el incremento de los precios".
