Castelló se moviliza para evitar las gasolineras urbanas: pide al Consell una moratoria de dos años

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló se ha propuesto poner coto a las gasolineras urbanas. A raíz de la polémica con la estación de servicio proyectada por la empresa Plenoil en el barrio de Rafalafena, el equipo de gobierno ha iniciado el blindaje de las zonas residenciales con la modificación del Plan de Ordenación Pormenorizada, que no es más que el instrumento del Plan General que define los usos de los suelos.

Ese cambio de la normativa implica, por un lado, suspender durante un periodo de hasta dos años las licencias y, por otro, introducir en el planeamiento urbanístico un apartado específico que recoja la prohibición de instalar unidades de suministro de combustible en áreas especialmente habitadas. Ambas actuaciones están estrechamente ligadas, ya que la interrupción de las autorizaciones busca garantizar un intervalo de tiempo suficiente con vistas a rectificar el citado Plan de Ordenación Pormenorizada.

El Plan General de 2000 

En este sentido, y en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que será ratificado por el pleno la semana próxima, se señala que en el PGOU de 2000, ideado por el PP y que el Tribunal Supremo tumbó en 2008, ya se contemplaba un apartado concreto sobre el veto a las gasolineras en zonas residenciales. Esa restricción se mantuvo hasta el pasado 11 de noviembre de 2022, cuando las normas urbanísticas transitorias de urgencias dejaron de estar definitivamente vigentes con la aprobación del Plan General.

La solicitud de una moratoria para variar el marco legal, al margen del filtro de la corporación, deberá recibir el visto bueno de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio. En las consideraciones del dictamen se hace referencia directa a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Una alusión que busca el amparo legal, al mismo tiempo que garantizar que la medida de cancelar los permisos de gasolineras urbanas no perjudicará el desarrollo de unidades de ejecución.

Para conseguir ese doble objetivo, el Ayuntamiento menciona el artículo 68 de la Lotup. En concreto, el apartado 5, en el que se subraya que "[...] los programas de actuación ya aprobados y aún vigentes antes de la suspensión de licencias no se verán afectados, salvo que al acordarla se haga constar expresamente, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan".

Un procedimiento que se extenderá en el tiempo

A tenor de la compleja aprobación del Plan General, cuya tramitación se alargó dos legislaturas (de 2015 a 2022), el cambio del Plan de Ordenación Pormenorizada se prolongará en el tiempo. De ahí que se haya solicitado esa moratoria de hasta dos años. Para obtener el plazo máximo, el ejecutivo municipal tendrá que someter a exposición pública la propuesta dentro de los primeros 12 meses. En el caso de no hacerlo, se levantará la suspensión.

El blindaje ante nuevas peticiones de estaciones de servicio urbanas llega en pleno conflicto con Plenoil por la reseñada unidad de combustible en Rafalafena. Tras el acuerdo de la Junta de Gobierno de finales de octubre, en el que se desestimó las alegaciones de la empresa por la denegación de las licencias urbanística y ambiental, sigue sin haber un pronunciamiento al respeto por parte de la mercantil.

Algunas voces en el seno del ejecutivo local apuntan a que el litigio terminará en el Contencioso-administrativo. Bien es cierto que la compañía está interesada en abrir otras tres estaciones en distintos puntos de la ciudad, por lo que existe el convencimiento de que al final se llegará a un acuerdo para encontrar una alternativa al solar de la calle Villavieja, esquina con Pintor Carbó.