CASTELLÓ. El concejal y responsable de Asuntos Económicos del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, explica el voto en contra del PP a la revisión del IBI que ha aprobado este lunes el equipo de gobierno en la comisión plenaria sobre Ordenanzas Fiscales y que establece la aplicación de un coeficiente mínimo del 0,69 en lugar del 0,40%, como planteaban los populares y tal y como permite el artículo 72,1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
"Hemos votado en contra porque consideramos que justo ahora, cuando debido a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus la ciudad cuenta con cerca de 16.000 parados y las familias castellonenses necesitan mayor liquidez, hay margen para bajar tanto el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) como la tasa de basuras, que nos afectan a todos, en lugar de mantener la presión fiscal", indica Redondo.
Aunque el PP sí respalda la iniciativa que, a propuesta del propio Grupo Municipal Popular, el equipo de gobierno ha incorporado a las ordenanzas y que permitirá devolver la parte proporcional de la tasa de basuras a los negocios que hayan tenido que cerrar sus puertas durante el Estado de Alarma decretado a raíz de la pandemia, además de suspender el pago de la tasa de ocupación de vía pública de las terrazas por la colocación de mesas y sillas hasta el 30 de junio de 2021, Redondo también lamenta la "incongruencia" de Rafa Simó en materia fiscal.
Según recuerda, el ex concejal y actual presidente de la Autoridad Portuaria "hace apenas unos meses, cuando aún era parte del equipo de gobierno, votó en contra de la propuesta que le presentamos desde el PP para reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) a las empresas que operan en el puerto de Castelló y ahora protesta porque el equipo de gobierno incrementará esta carga fiscal del 0,95 al 1%, un aumento que no solo afecta a las grandes navieras, sino también a las cafeterías o las pymes que operan en el recinto y que afrontan con incertidumbre su continuidad de cara a los próximos meses".
En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de vados, el concejal del PP también lamenta que "la rebaja de un tercio que se va aplicar a las personas con algún tipo de movilidad reducida de carácter funcional, no se va a hacer extensiva al resto de la ciudadanía, que deberá abonar la cuota íntegra de 391 euros a pesar de la crisis y de que esta revisión podría haber servido para llevar a cabo una actualización y registro de los vados urbanos que hay operativos actualmente en la ciudad".
"Consideramos que esta revisión de las ordenanzas fiscales es una oportunidad perdida para rebajar los impuestos a las familias, pymes y autónomos, que son quienes más lo necesitan en un contexto de crisis como la actual", valora Redondo, que destaca que "pese a que las administraciones públicas deberían servir de palanca apoyar a los sectores productivos con medidas específicas para impulsar la economía y el empleo, justo ahora, en lo más duro de la crisis, el equipo de gobierno de Amparo Marco insiste en mantener la presión fiscal".
