El PP anuncia una norma para frenar la okupación que contempla desalojos 'exprés' de 12 a 48 horas

CASTELLÓ (EP). El PP ha elaborado una propuesta para "luchar contra la ocupación ilegal" y "las mafias que las promueven" que contempla el desalojo 'exprés' entre las 12 y 48 horas desde el inicio de la okupación, que "endurece las penas por los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas" y que "dota a las asociaciones de vecinos de herramientas para poder desalojar a un okupa".

Así lo ha explicado este sábado el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría, junto a su homólogo en el Senado, Fernando de Rosa y el portavoz de Vivienda del grupo parlamentario popular en Les Corts, Alfredo Castelló, en una rueda de prensa.

Ha indicado que "como no se puede adoptar medidas cautelares como el desalojo", las personas que okupan ilegalmente un inmueble "deben esperar a juicio hasta que llega el desalojo", pero esta medida "apuesta por el desalojo 'exprés' en la mayor brevedad posible, de entre 12 y 48 horas".

Santamaría ha señalado las "claves" de esta norma tiene, que "no afecta a las personas que lo están pasando mal a causa de la crisis". "Aquí es donde entran las medidas sociales diseñadas por el PP. Es una norma que pretende luchar contra las mafias de la okupación, ya que durante el confinamiento se ha multiplicado por cuatro la ocupación de vivienda normalmente gestionadas por mafias", ha apuntado.

“No se puede seguir permitiendo que ocupar una vivienda genere, encima, derechos al delincuente y que los propietarios no puedan hacer nada” ha manifestado por su parte el diputado por Castellón Óscar Clavell, que ha advertido que “más de 40 viviendas se ocupan cada día en España” .

Agravar las penas del allanamiento y usurpación

Así, plantea el agravamiento de las penas de delitos como el allanamiento y usurpación y contempla también el agravamiento de las penas para quienes inciten a okupar incluyendo la pena de inhabilitación para desempeñar cargo público. "No tiene sentido que haya personas que ocupen cargos públicos que hagan manifestaciones en contra del ordenamiento jurídico que les habilita a tener ese cargo", ha aseverado.

Castelló ha advertido que en la Comunitat en lo que va de año "se han registrado ya 560 ocupaciones ilegales, lo que supone un crecimiento del 14%, y que supone que cerraremos el año con más de 1.000 viviendas ocupadas ilegalmente en la Comunitat".

Castelló ha señalado que del parque público "hay 840 viviendas desocupadas pendiente de hacer obras para destinarla a gente sin recursos, 840 vacías sin que nadie pueda vivir en ellas porque el Consell no las arregla" y ha denunciado que el Consell "tiene 1.305 ocupadas de forma ilegal y Puig no hace nada". "Más de dos mil vivienda del parque público que no se están utilizando", ha lamentado.

En este sentido, ha indicado que en la Comunitat "hay 15.231 familias que tienen derecho a una vivienda y además hay 9.583 familias en lista de espera para acceder a una, es decir, 25.000 familias esperando a que el Consell les conceda una vivienda mientras Puig habla del derecho a la vivienda pero no hace nada mientras se ocupa el parque público de forma ilegal".