El PP augura un nuevo 'caso Lafuente' en el Ayuntamiento con el cese del técnico de Protocolo

CASTELLÓ. El PP augura un nuevo caso Lafuente en el Ayuntamiento de Castelló con el cese del técnico de Protocolo, Enrique Viñes. Así lo predice el concejal popular Juan Carlos Redondo, que protagonizó en el pleno de este jueves un rifirrafe con la edil de Recursos Humanos, la socialista Monica Barabas, durante el debate para rechazar el recurso de reposición interpuesto por el funcionario contra el acuerdo en el que se amortiza su plaza para crear otra nueva en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2021. La desestimación salió adelante con el voto favorable del Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV), las abstenciones de Ciudadanos y Vox y la refutación del principal partido de la derecha.

Redondo se mostró convencido de que "este tema se judicializará", lo que supondrá, "en el mejor de los casos, un despido improcedente", aseguró. En su opinión, la obligación de abonar una indemnización por decisión judicial se asemejará a lo sucedido con Juan Ángel Lafuente. El profesor de la UJI ganó el pasado mes de julio su litigio contra el consistorio al estimar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el recurso de apelación por su destitución como director de la Oficina de Planificación y Proyección Económica en 2017.

Su nombramiento directo, a cargo de la alcaldesa, Amparo Marco (PSPV), levantó ampollas en el seno del Pacte del Grau al no haber sido consultados los otros dos socios, Compromís y Castelló en Moviment. Incluso, provocó la primera gran crisis de gobierno, en tanto en cuanto Lafuente aceptó el puesto, con una remuneración de 90.000 euros anuales, habiendo renunciando unos meses antes a ser concejal por la marcha de Carmen Oliver. Como número siete de la lista, le correspondía a él tomar el relevo, pero declinó hacerlo por motivos profesionales, moviéndose la lista para que Mary Carmen Ribera, número ocho, se incorporara al grupo socialista.

Redondo advirtió, en su intervención de este jueves, que la posible derivación judicial del cese de Viñes puede también desencadenar la nulidad de la RPT. Al menos, en el caso de que el Contencioso-Administrativo determine la declaración de fijeza de su cargo por un uso abusivo de la contratación temporal, "nada más y nada menos que 12 años, cinco de los cuales lo ha sido como funcionario", precisó.

El edil popular afeó al equipo de gobierno la forma en que ha rechazado las alegaciones, de 26 páginas, del funcionario. "Un escrito perfectamente fundamentado jurídicamente y que ha sido desestimado de un plumazo mediante una pobre contestación, de una página, basada en un informe del jefe de gabinete de Alcaldía, en el que con una prepotencia sublime se permitió amenazar al trabajador con emprender acciones legales por haber insinuado que la nueva plaza [técnico de Relaciones Internacionales y Protocolo] está supuestamente hecha ad hoc".

Acusaciones por la vía judicial

Barabas defendió la legalidad del despido, al existir "informes jurídicos" que avalan la medida, y desafió al propio Redondo a que si tan convencido está de "las graves acusaciones, espero que las lleve por la vía judicial". La concejala de Recursos Humanos se remitió a las nuevas necesidades del Ayuntamiento, especialmente en lo que se refiere a la captación de fondos europeos, para justificar la amortización.

El 29 de julio de este año, el ejecutivo local aprobó la RPT de 2021 con la eliminación o sustitución de 16 puestos, entre ellos el de técnico de Protocolo. Según se argumentó en el expediente, la decisión obedeció al "desajuste entre las necesidades inicialmente consideradas que dieron lugar a su incorporación y las que precisa Alcaldía en la actualidad". A raíz del acuerdo plenario, Viñes formalizó un recurso de reposición.