El PP de Castelló y Abogados Cristianos anuncian alegaciones contra la retirada de la cruz de Ribalta

CASTELLÓ. La retirada de la cruz de Ribalta augura un nuevo frente político entre el Acord de Fadrell y la derecha. El PP de Castelló ultima la presentación de alegaciones para evitar la eliminación del monumento. Como ya hiciera en el primer procedimiento administrativo de 2018, prepara una amplia argumentación histórica y jurídica con el propósito de demostrar que el vestigio franquista, como defiende el equipo de gobierno, se trata en realidad de un símbolo cultural, que "nada tiene que ver con un punto de concentración de exaltación a la dictadura", según fuentes del grupo municipal.

En el escrito, además de recordar que el autor de lábaro es el mismo arquitecto que construyó el Casino Antiguo (Francisco Maristany), los populares subrayarán que el sentido como reliquia del franquismo desapareció en 1979, cuando por acuerdo plenario se decidió suprimir el escudo de la victoria a fin de resignificar la cruz para homenajear a las víctimas de la violencia.

Esa argumentación sobre la naturaleza artística del monumento también será compartida por Abogados Cristianos. Fuentes de la asociación confirman la formalización de varias alegaciones, a la espera de abrir las vías legales con un Contencioso-Administrativo y un procedimiento penal contra la alcaldesa, Amparo Marco, como así anunciaron tras publicarse el 1 de mayo el expediente con vistas a iniciar el derribo de la cruz.

Todo hace indicar que la práctica totalidad de las reclamaciones corresponderá a entidades que en su momento ya se manifestaron en un sentido u otro. De hecho, la instrucción para la retirada del monumento recoge en uno de sus puntos la obligatoriedad de notificar la apertura del procedimiento a las personas y colectivos que alegaron en la primera tramitación.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castelló recibió 39 recursos. Del total, 28 abogaron por mantener el vestigio en su actual emplazamiento en el parque Ribalta, mientras que 11 reforzaron la tesis del equipo de gobierno acerca de la necesidad de trasladarlo a otro lugar o simplemente destruirlo por ensalzar el franquismo. Al margen del PP y Abogados Cristianos (en contra), alegaron colectivos como Castelló en Moviment, Centre Excursionista, Asociación de Familiares de las Víctimas franquistas del Cementerio de Castellón o Recerca de la Memòria Histórica (a favor).

Conselleria avala el derribo

El ejecutivo local retoma el derribo de la cruz después del último informe remitido por la Conselleria de Calidad Democrática, con fecha 4 de abril, en el que se insiste en considerar el lábaro como un símbolo de la Guerra Civil, por lo que insta a su retirada en virtud de lo que establece la ley de Memoria Histórica. En el documento, el Comité Técnico de Expertos asegura que existe base suficiente para demostrar que "la cruz es un espacio donde perviven las manifestaciones y concentraciones de exaltación de la dictadura, sin que concurran razones artísticas y arquitectónicas de excepcionalidad para su mantenimiento". En consecuencia, "ha de considerar un elemento contrario a la memoria democrática".

El Fadrell no se ha marcado plazos respecto al procedimiento de derribo, ya que dependerá de diferentes variables. Por ejemplo, de la complejidad de las alegaciones, algunas de las cuales requerirán una respuesta legal; o de la posibilidad de la interposición de recursos judiciales. Al respecto, parece claro que Abogados Cristianos volverá a litigar, al igual que hiciera en marzo de 2019, cuando consiguió paralizar el proyecto tras dictar medidas cautelares el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1.