CASTELLÓ. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, denuncia las colas en la Oficina de Recaudación Municipal a un día de finalizar el plazo para abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en el caso de los contribuyentes que no lo tienen domiciliado. Un impuesto que es el segundo más caro de España con 402 euros de media por castellonense, una cantidad igual a la que pagan los habitantes de Barcelona y solo por detrás de Madrid, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). "La alcaldesa, Amparo Marco, ha decidido adelantar, en plena pandemia, casi un mes la finalización del periodo para pagar este impuesto, el 30 de junio es el último día, haciéndolo coincidir con el pago de la Renta a quienes no les ha salido a devolver; con la cuota de autónomos y de la Seguridad Social. Esto demuestra su poca empatía y lo alejada que está de la realidad de muchas familias castellonenses a quienes les cuesta llegar a fin de mes", explica.
El ciberataque que sufrió el pasado 30 de marzo el Ayuntamiento de Castelló sigue afectando a servicios y trámites municipales "porque el equipo de gobierno sigue paralizado", insiste el concejal popular. En el caso de quienes no tienen domiciliado el IBI han tenido que esperarse a recibir la carta de pago y ahora ven cómo se les echa encima el tiempo para pagar en tiempo y forma.
"A la hora de recaudar no hay ciberataque que le valga al gobierno de Amparo Marco, sin embargo, para aprobar el presupuesto municipal que lleva seis meses de retraso sí y, por no aprobarlo cuando tocaba, en enero, luego se queda sin gastar el dinero que con tanto esfuerzo ha salido del bolsillo de los castellonenses. El año pasado exactamente 35 millones se quedaron en el tintero, no revirtieron ni en mejores servicios ni en inversiones para la ciudad y los castellonenses", añade Redondo.
El edil del PP aclara que el ciberataque "solo ha hecho que acrecentar el colapso que antes ya había en la Oficina de Recaudación debido a la incapacidad de gestión del gobierno municipal de Amparo Marco junto a sus socios Compromís y Podemos, que no se lo pone fácil a los contribuyentes".
"La prioridad del gobierno municipal en esta crisis debería ser ayudar a los castellonenses, a las pymes y autónomos en la recuperación económica tras 15 meses ruinosos de pandemia y esto pasa por bajar los impuestos a los castellonenses, tal y como venimos reivindicando desde el inicio de legislatura porque hay margen para hacerlo, otra cosa es la voluntad política", prosigue Redondo.
"El gobierno de Amparo Marco se dejó sin gastar 35 millones en 2020, está claro que pueden bajar impuestos si quieren, otra cosa es que antepongan las reformas de sus despachos o subidas de sueldo a personal de su confianza, como han hecho al aprobar el incremento de 63.000 a 68.000 euros anuales en las retribuciones de los gerentes de los tres Patronatos Municipales (Deportes, Fiestas y Turismo) y también del Pacto Local por el Empleo, teniendo en cuenta que el gobierno municipal ya se subió el sueldo un 50% al llegar a la Alcaldía hasta fijarlo en más de 78.000 euros anuales la alcaldesa Amparo Marco y en casi 63.000 euros anuales cada concejal del equipo de gobierno y de rodearse de un ejército de 21 asesores", concluye.
