Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. La concejala del PP y representante en el Consejo Rector del Patronato Municipal de Fiestas, María España, denuncia que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló debe dinero a las empresas castellonenses por los servicios prestados en la pasada Magdalena y las fiestas de Sant Pere del Grau. "Hay empresas que están al borde de la quiebra porque no pueden pagar a sus trabajadores. Exigimos que se les abone el dinero inmediatamente para poner fin a siete meses de impagos a quienes ayudaron a salvar las fiestas cuando la gestión política fue un completo desastre", señala.
Este martes se ha aprobado en el Consejo Rector de fiestas una modificación de crédito cercana a los 440.000 euros para inyectar 250.000 euros al Patronato Municipal de Deportes, "que sigue necesitando liquidez para llegar a final de año sin tener que cerrar instalaciones deportivas y todo, por la mala gestión política que ha llevado a dimitir al gerente", recuerda la concejala del PP. "El Patronato de Deportes necesita 1.000.000 de euros que todavía no se ha cubierto, ni siquiera con la aportación que se aprueba hoy, seguirá faltando dinero", añade.
En la misma operación el Patronato de Fiestas recibe más de 189.000 euros extra para afrontar pagos de gastos corrientes y subvenciones a entidades porque no tiene suficiente solvencia para llegar al final del ejercicio, según se detalla en los informes. "Tenemos un Patronato Municipal de Deportes en quiebra por la mala gestión política que se ha hecho y un Patronato Municipal de Fiestas, con el mismo concejal al frente, al que también le falta dinero para cumplir con sus obligaciones de pago a las empresas castellonenses. Éstas, habiendo cumplido con su parte del contrato se ven con el agua la cuello por la falta de ingresos que retrasa el equipo de gobierno municipal", apunta María España.
De las fiestas de Sant Pere, que tuvieron lugar del 24 de junio al 3 de julio, se adeudan 60.000 euros y al menos otros 45.000 euros faltan por pagar de la Magdalena 2022 de la que ya han pasado siete meses. "Son demasiados meses acumulados de impagos que no pueden soportar las empresas que tienen que pagar las nóminas de los empleados, además de hacer frente a los impuestos y otros gastos para mantener su actividad", lamenta María España.
