CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denuncia que en los tres primeros meses del año, la ejecución presupuestaria en la ciudad, por parte del gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, esté muy por debajo de lo esperado tras más de un año de pandemia y con sectores muy golpeados por la crisis económica. "Los números son el reflejo de cómo el gobierno de Amparo Marco no está rescatando a los castellonenses, salvo a ellos mismos. De un presupuesto prorrogado de 190 millones, en líneas generales solo el 14% ha revertido en los castellonenses y de los 24 millones previstos para inversiones, solo se ha inyectado en la ciudad el 0,19%", señala.
Para la portavoz del PP, "ésta es la consecuencia del desgobierno del Fadrell que, en plena pandemia, con empresas, pymes y autónomos al borde de la quiebra y con cerca de 16.000 parados en la ciudad, el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos no está a la altura de lo que necesitan los castellonenses. Ya no les vale como excusa la covid ni el hackeo para tapar su inacción". Así lo ha explicado en la rueda de prensa telemática en la que también ha comparecido el concejal popular, Juan Carlos Redondo, encargado de asuntos económicos,.
Para la líder del PP en Castelló, "ya no hay excusas, ni la pandemia, porque ya llevamos más de un año inmersos en ella, ni el hackeo que empezó el 30 de marzo, un día antes de que venciera el primer trimestre. El año pasado utilizaron la pandemia como excusa, aunque la realidad es que aprobaron los presupuestos en julio y no entraron en vigor hasta el 25 de agosto, por eso les sobraron 35 millones de euros. A pesar de eso se han negado a bajar los impuestos, tal y como les pedíamos, porque hay margen suficiente para hacerlo. Seguimos siendo la segunda ciudad española que más IBI cobra por habitante y a día de hoy seguimos sin presupuestos asistiendo cada día a un espectáculo bochornoso entre socios de gobierno que están pensando en sus sueldos y sillones, pero no en las necesidades de los castellonenses".
Redondo ha destacado en su comparecencia que si el Ayuntamiento sigue prestando servicios es gracias a los funcionarios y no a la gestión política de PSOE, Compromís y Podemos, porque "de los 27 millones que han ejecutado en el primer trimestre de este año, el 98% corresponde a gasto comprometido, es decir, el gasto básico de funcionamiento para pagar nóminas, gastos financieros, alquiler de locales municipales, limpieza, alumbrado o semáforos. Los datos oficiales elaborados por la Oficina de Gestión Económica del Ayuntamiento de Castellón demuestran que el Ayuntamiento funciona por inercia, no por quienes están al frente de la gestión política".
"En la partida de limpieza (no viaria), de los 311.000 euros presupuestados no se ha ejecutado absolutamente nada, están sin gastar y, por otro lado, hemos agrupado todas las partidas que tienen que ver con la recuperación económica: ayudas la comercio, Plan Resistir, la covid y vemos que cuando más se necesita el dinero en el bolsillo de los comerciantes y de los emprendedores, menos se les da. De los 6,2 millones de euros presupuestados en este sentido, apenas se ha gastado el 9%", señala.
Redondo apunta que si hay una concejalía especialmente paralizada durante toda la legislatura es la de Vivienda, "de 2,6 millones de euros presupuestados apenas se ha ejecutado el 1,1%. Desde el Partido Popular hemos solicitado a la alcaldesa en varias ocasiones el cese de la concejala del área de vivienda a tenor de los muy maños resultados".
Para la portavoz de los populares, "es absolutamente infame que, con 16.000 parados en la ciudad, se quede sin gastar en el año 2020 el 40% del presupuesto del Consorcio por el Empleo de la ciudad, o que no se invierta el dinero que sí se recauda, porque esas inversiones ayudarían a las empresas y generarían actividad económica y empleo".
Sin embargo, lamenta Carrasco, "a la alcaldesa le interesan más otras cosas como meter las máquinas en la avenida de Lidón, donde no las quiere nadie, o las videocámaras del centro, que tal y como veníamos denunciando que es un abuso por su afán recaudatorio han tenido que desconectarse ante el aluvión de denuncias, más de 7.000 sanciones a los vecinos en un mes". Todo esto sumado a que "las ayudas del Plan Resistir continúan sin llegar, cabe recordar que en el Pleno pasado solo se habían autorizado, que no abonado, un 20% de los 5 millones previstos", concluye.
