CASTELLÓ. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, pregunta al gobierno de PSOE, Compromís y Podemos cómo va a compensar al comercio local durante el tiempo que duren las obras de la Plaza de la Paz, que nadie ha pedido, pero que se harán con un coste cercano a 900.000 euros; por el "Castellón Central" -que supone el cierre al tráfico de un 75% del núcleo urbano-, y también por la polémica reforma de la avenida de Lidón, de 3,3 millones, que una mayoría cree innecesaria y que en estos momentos mira con lupa Europa, ya que financia parte de la misma.
Este lunes en el Consejo de Comercio, órgano consultivo del que forman parte las asociaciones de comerciantes, entre otros representantes del sector, "el gobierno municipal se volvió a dar un baño de realidad al comprobar el malestar que generan sus proyectos de movilidad, que en lugar de ayudar, van en contra de las necesidades prioritarias y urgentes del comercio local. Ni es el momento de más cierres de calles, ni se tiene en cuenta la participación ciudadana como quedó demostrado", apunta Carrasco.
"El sector habló claro, urgen ayudas para no echar el cierre, recuperar clientes, reactivar la economía y no dejar morir al centro. Piden facilidades para que sigan viniendo compradores al corazón de la ciudad, y no que el gobierno municipal les siga friendo a multas con las cámaras que han convertido el centro en un gran hermano", explica la portavoz del PP.
En este sentido añade: "Además de multar, a razón de 80 euros, se restringen más y más accesos al centro con un proyecto como el Castellón Central, que también contempla el sistema sancionador de cámaras, y que los propios comerciantes tildan de desmesurado para una ciudad como la nuestra". La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) contempla 745.000 metros cuadrados de superficie perimetrada por las rondas Mijares y Magdalena, por el Oeste; Cerdán de Tallada, por el Norte; por Sant Roc, Sant Félix, Gobernador y Casalduch, por el Este y por Orfebres Santalínea, por el Sur.
