CASTELLÓ. El Partido Popular de la provincia de Castellón defiende una Diputación "sensible" y "eficaz" con los problemas de la ciudadanía y propone que la institución preste asesoría y orientación jurídica a las víctimas de un delito de okupación. La propuesta, registrada en la institución, se debatirá este martes 21 en el seno del pleno que celebrará la corporación y el deseo, tal y como señala la portavoz adjunta del PPCS, Mª Ángeles Pallarés, es "ser capaces de atajar un problema que ha crecido con carácter exponencial en los últimos años".
Tal y como demuestran los datos facilitados por el Ministerio del Interior a una pregunta formulada por el diputado en el Congreso Óscar Clavell, en la provincia de Castellón se han contabilizado entre enero y noviembre del pasado año 276 delitos y faltas por este concepto. Una cifra que cuadruplica la registrada en 2015, cuando se cifraron en 74 las okupaciones de viviendas.
Mª Ángeles Pallarés considera "que la envergadura del problema obliga a las administraciones públicas a adoptar acuerdos que traten de proteger a las víctimas que hoy carecen de un marco legal que defienda sus derechos". Y por ello, a la iniciativa del PP que plantea ampliar el convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Castellón para prestar asesoría en esta materia, también reclama de la Diputación exigir al Gobierno de España una modificación legislativa que defienda los derechos de los afectados.
Para el PP, es urgente "modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas, así como recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años".
Asimismo, Pallarés señala en la iniciativa la necesidad de incorporar nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas afectadas por este tipo de delitos y recuperar el derecho de proceder al desalojo de la vivienda okupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La propuesta del PP plantea igualmente la modificación de la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan iniciar procesos contra las viviendas okupadas, así como incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de los okupas.
Por último, "es necesario que la ley reconozca nula una inscripción de este tipo y que esta no sirva de prueba de residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho". Y aquí tiene un papel fundamental los ayuntamientos "a los que pedimos que se les dé de baja de oficio o a instancia del afectado", ha concluido la diputada provincial del PPCS.
