CASTELLÓN. El Partido Popular de la provincia de Castellón ha presentando al gobierno de la Generalitat que preside Ximo Puig varias medidas encaminadas a paliar las pérdidas del sector citrícola por el intenso temporal de lluvia del pasado mes de octubre.
El diputado autonómico, José Ramón Calpe, ha lamentado que la crisis del sector citrícola, por la competencia que supone la entrada de fruta de África del sur que no paga aranceles, “este año, está siendo más acusada por los problemas ocasionados por los daños climáticos”. Según Calpe, “la lluvia ha estropeado gran parte de la cosecha de la variedad de clementina que este año parecía que podía funcionar”, según ha señalado el diputado en una rueda de prensa celebrada este lunes en Castellón.
El diputado popular ha señalado que “exigimos al Consell una respuesta clara porque el campo está harto de tanta inactividad por parte de la administración valenciana”. Los populares dicen lamentar que “el presupuesto del Consell de PSOE y Compromís no contempla las necesidades reales del sector citrícola, por eso desde el PP hemos presentado enmiendas a las cuentas y varias iniciativas que consideramos imprescindibles para impulsar este sector tan dañado por el último temporal de lluvias, así como una enmienda para la reconversión varietal de manera que los agricultores puedan apostar por otras variedades más tardías y que eviten la sobre oferta que hace bajar los precios”, según ha indicado el diputado burrianense.
José Ramón Calpe ha señalado, además, que “las medidas por el temporal aprobadas por el Consell van dirigidas a los ayuntamientos, pero los agricultores son los que han sufrido los daños”. Por ello, los populares consideran que los beneficiarios directos deberían ser los agricultores a los que “el Consell de Puig ha olvidado”.
De esta manera, el PP ha solicitado al Consell que apruebe, como hicieron los gobiernos de los populares, subvenciones a los créditos de los agricultores para que puedan continuar con su actividad. “El gobierno valenciano debe ayudar a cubrir los daños que no están asegurados, no porque el agricultor no los asegure, sino porque muchas veces la cobertura de los seguros no alcanza”.
Además, los populares piden al gobierno valenciano que apruebe ayudas para cambiar plantaciones de arbolado y no perjudicar las campañas venideras, así como establecer una moratoria en el caso de que los agricultores tengan que devolver una parte de las ayudas.
Otra de las iniciativas planteadas por el Partido Popular es que el Consell adopte un plan de retirada de fruta, que ponga dinero del presupuesto y pague a un precio aproximado de 15 céntimos el kilo, para retirar el volumen de fruta que consideren conveniente para que “al reducir la cosecha, los precios serían más razonables porque no habría exceso de oferta”.
Asimismo, el PPCS ha planteado una exigencia al Gobierno de España para que arbitre una norma en favor de los agricultores para que los ayuntamientos no cobren el IBI de rústica y el Estado compense los ingresos a los ayuntamientos. Además, para la próxima campaña de la renta, los módulos de los agricultores deberán ser cero.
Por su parte, la secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, ha denunciado “el maltrato del Consell hacia la provincia de Castellón” con el cierre de las oficinas agrarias, obligando a los agricultores y ganaderos a desplazarse hasta Vinaròs o Vila-real para tramitaciones y solicitud de ayudas. Para la mandataria popular castellonense, “las decisiones de Puig van en contra de la lucha contra la despoblación que está impulsando la Diputación”, según han señalado fuentes del PP a través de un comunicado.