CASTELLÓ. El Partido Popular de Castellón registra este miércoles ante la Mancomunidad del Palancia el anuncio para emprender acciones legales contra el presidente de la Mancomunidad del Palancia, el socialista Ramón Peiró, asesor de José Martí, presidente de la Diputación, por "haber vetado" la entrada de cuatro municipios del PP, incumpliendo la Ley 21/2018 de octubre la Generalitat que obliga a todos los municipios a mancomunarse para la atención de los Servicios Sociales.
Por eso, y pese a que estaba en el orden del día la entrada de los cuatro municipios (Vall de Almonacid, Villanueva de Viver, Higueras y Pavías), el PSOE ha maniobrado para que no entren.
Tal y como explica la secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, "estamos hablando de un delito de prevaricación con penas de cárcel" y pedido al presidente y alcalde de Sot de Ferrer que "cumpla con la legislación vigente" y la aplique en un pleno de la mancomunidad a la mayor brevedad posible. Asimismo, han solicitado tener acceso a los informes que haya elaborado el secretario, Cesar Alarcón, para incumplir la Ley 21 / 2018 del 16 de octubre y vetar la entrada de cuatro municipios.
Cabe recordar, además, que Ramón Peiró es asesor de Presidencia en la Diputación de Castellón con una retribución de 42.396 euros al año.
La secretaria general advierte que "no puede ser que ser que porque pierde la mayoría en el pleno, excluya a cuatro localidades formar parte de la Mancomunidad ya que no es que lo pidan ellos, es que les obliga la Ley". Vicente-Ruiz denuncia "los chanchullos de los socialistas que de forma constante maniobran contra los alcaldes del PP y, lo peor de todo, es que usan la Diputación para ello". Por ello, "le exigimos tanto al presidente de la Mancomunidad como al secretario a aplicar de forma inminente el artículo 30.1. de los estatutos de la Mancomunidad y en virtud de la Ley de la Generalitat haga efectiva la entrada de estas cuatro localidades, o tomaremos todas las acciones penales pertinentes".
La secretaria general recuerda que "ya al principio de legislatura, el PSOE usó la Diputación para sus chanchullos y colocó a un diputado que amenazaba con despedir a una empleada de Diputación para lograr la alcaldía de Vilavella"." Un escándalo que, pese a todo, el PSOE ha decidido callar y mantiene como edil socialista al exdiputado y todavía no ha devuelto el sueldo pese a no trabajar", concluye en un comunicado.
