CASTELLÓ. El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reclamado al Gobierno de España que implemente un plan de acción “que evite el colapso del sector azulejero, que emplea a más de 25.000 familias de la provincia”. Lo ha reclamado la portavoz provincial del PP, Salomé Pradas, en un escenario “cada vez más complejo y asfixiante para un motor económico de nuestra provincia. Porque al incremento de los precios del gas y la electricidad y el aumento del coste de las materias primas, se suma ahora un dramático conflicto bélico y que tiene un innegable impacto económico”, ha destacado la formación en un comunicado.
Esta situación ya fue advertida el 16 de diciembre por la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, en la negociación del presupuesto de Diputación para 2022, ha remarcado el PPCS, que destaca que sigue siendo bandera del partido, que a través de Pradas exige “un plan de choque urgente”.
“El incremento de los costes energéticos que está afectando a familias, pymes y comercios está lastrando la competitividad de uno de los pilares económicos de la provincia, el del sector del azulejo”, y son necesarias “alternativas al castigo competitivo y subidas fiscales que el PSOE está imponiendo y que cercenan el futuro a miles de familias castellonenses”, señala Pradas.
En el partido recuerdan que desde noviembre de 2020 reclama al PSOE medidas económicas y rebajas fiscales que amortigüen el escenario crítico en el que se mueve el sector como consecuencia de la Ley del Cambio Climático y Transición Ecológica, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y los nuevos criterios para los derechos de emisión. “A todo ello sumamos ahora un conflicto bélico que complica todavía más la viabilidad económica del sector”, afirma la también senadora.
Y por ello, explica Pradas, “hemos reclamado una rebaja ambiciosa del IAE a nivel provincial, que el PSOE ha tumbado de forma reiterada; y hoy seguimos reclamando para que se atienda al sector con cuya patronal, Ascer, el PP se reunió el 24 de mayo de 2021 y cuyas demandas abandera con el objetivo de proteger a más de 25.000 familias”.
“Hay que flexibilizar los costes disparados por la subida del gas y la electricidad, urge cesar la especulación del mercado de derechos de emisiones de CO2 y es necesario promover incentivos fiscales para fomentar las inversiones”, recuerda Pradas. “Y no solo hay que hacerlo, sino que es urgente, porque nos jugamos el futuro de miles de familias que tienen en el azulejo su nómina y bienestar”, concluye la portavoz del PPCS.