CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha registrado una moción, que será debatida en el pleno del jueves 11 de julio, para instar al ayuntamiento a actualizar el Plan Municipal de Vivienda existente. Esta medida deberá incluir, entre otros aspectos, la revisión del estudio sobre las viviendas vacías de la ciudad, la suspensión o bonificación del IBI a todos aquellos propietarios que pongan en el mercado de alquiler viviendas vacías y la creación de una línea de ayudas para la rehabilitación de estas casas con la condición de su puesta en alquiler a un precio asequible.
Patricia Puerta, portavoz socialista considera que el Partido Popular, cuando gobierna, "nos tiene acostumbrados a una política de vivienda que solo tiene una perspectiva económica, mercantilista y especulativa, olvidando su función social y cualquier medida que dé respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables".
En las últimas dos legislaturas, con el PSPV-PSOE al frente de los gobiernos de la Generalitat y de muchos ayuntamientos, "se ha trabajado con determinación y responsabilidad por una nueva política de vivienda basada en la colaboración, participación y diálogo con todos los grupos vinculados al sector de la vivienda, la administración pública, agentes económicos, sociales y entes de innovación". La vivienda, como señala la portavoz socialista, "es un derecho, por eso hemos de fijar la política de vivienda como una prioridad en las políticas municipales".
Todos estos adelantos de los gobiernos de progreso, como recoge el texto de la moción, "se han perdido con la entrada de nuevo en el gobierno de PP-Vox". En los primeros presupuestos que ha aprobado la Generalitat Valenciana recortan 13 millones de euros en ayudas para el acceso a la vivienda, lo que “supone una grave involución para miles de jóvenes que no pueden sacar adelante su proyecto de vida porque no pueden permitirse el acceso a una vivienda digna.
El pasado 2 de abril la Generalitat Valenciana presentaba el Plan VIVE, un programa para construir 10.000 viviendas que dependerá de que los ayuntamientos cedan suelo a la Generalitat y esta subscriba acuerdos con empresas privadas. Unas 7.000 dependen de la cesión de esos solares de titularidad municipal, que serán evaluados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), mientras que las 3.000 restantes corresponden a proyectos heredados del Gobierno del Botànic, financiadas con Fondos Europeos y con la ayuda del Ministerio de Vivienda.
A día de hoy, según el texto de la moción, sólo un 3% de ayuntamientos valencianos se han adherido al Plan VIVE, lo que demuestra que esta medida no da respuesta al principal problema del acceso a la vivienda: la baja oferta en el mercado de alquiler, el alto número de viviendas vacías, la subida paulatina del precio del alquiler y el bajo nivel de renta de las personas demandantes.
Patricia Puerta subraya que, a pesar de que el Ayuntamiento de Castelló ha sido uno de los ayuntamientos adheridos a este plan, y el camino que se abre aún debe aclararse, "el número de viviendas que se construirán en nuestra ciudad no dará respuesta a la necesidad actual", de ahí que se insista en que "hay que articular medidas como las recogidas en la moción que den respuesta de forma inmediata al problema de acceso a la vivienda que sufren en la actualidad muchas y muchos castellonenses".
