CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, "que se ponga al lado de las familias y exija a su jefe en la Generalitat, Carlos Mazón, que elimine de forma inmediata el inaceptable, segregador y discriminatorio decreto por el que se regula el proceso de admisión en los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana". Patricia Puerta, portavoz socialista, destaca que la propuesta de PP y Vox ha producido un absoluto rechazo por parte de las asociaciones de padres y madres, además de estar ya bajo investigación del Síndic de Greuges, por lo que considera que "el Ayuntamiento de Castelló debe dar un paso al frente y reclamar la paralización del decreto 48/2024 del 23 de abril".
La propuesta de Declaración Institucional, registrada este miércoles por el Partido Socialista, será debatida este viernes en Junta de Portavoces para que todas las formaciones se pronuncien de cara al pleno del jueves 27 de junio. En el texto, además, se insta al Consell de la Generalitat Valenciana a la supresión de todo lo relativo al distrito único al incumplir el criterio prioritario de la ley estatal de puntuar y priorizar por la proximidad al centro. Además, se propone la eliminación del punto específico asignado al consejo escolar que está generando discriminación y segregación.
Desde el grupo Municipal Socialista se subraya que el decreto de admisión que estaba en vigor desde 2016, impulsado por el gobierno del Botànic, funcionaba sin generar ningún problema ni rechazo entre los diferentes sectores de la comunidad educativa en la Comunitat Valenciana, ya que la mayoría de familias conseguían plaza en el centro que elegían como primera o segunda opción. Frente a ello, "querer ahora volver al debate del Distrito Único bajo la falsa premisa de la libertad de elección solo oculta el problema de segregación que se está generando por este nuevo decreto".
Al poner la misma puntuación al alumnado de todo el municipio "se incumple de una forma tajante uno de los tres criterios fundamentales establecidos por la ley estatal, criterio que siempre ha estado en todas las leyes estatales promulgadas en España, que es la proximidad al centro, del domicilio o lugar de trabajo de padres y madres".
La ley estatal también marca que ningún criterio complementario debe superar el 30% de la puntuación total para que ningún criterio se convierta en excluyente. Ante esto, el decreto aprobado ahora por el Consell de la derecha y la ultraderecha "incumple este requisito ya que algunos de los puntos pueden superar el 30%".
Lo más llamativo desde este punto de vista "es conceder que los consejos escolares tengan un punto específico para libre disposición, que se ha traducido en puntos como haber nacido en la Comunitat Valenciana, haber ido a un colegio religioso o que padres y madres tengan trabajo". Para el Grupo Municipal Socialista, con estas propuestas "se ésta segregando al alumnado valenciano y se ésta institucionalizando la discriminación". Y eso porque, en la práctica, "serán los colegios los que elijan al alumnado y no las familias las que decidan a que centro llevar a sus hijos e hijas", señala la portavoz socialista.
