CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha reclamado al equipo de gobierno que emita un informe sobre el número de vehículos que han entrado en las zonas restringidas al tráfico desde que adoptasen la decisión de anular la sanción automática de las infracciones por medio de las cámaras de vigilancia.
Jorge Ribes, edil del PSPV, recuerda que desde el gobierno municipal que preside Begoña Carrasco "se ha asegurado que el mecanismo actual es enviar notificaciones a los vehículos que entran sin permiso a las zonas de bajas emisiones con restricción de tráfico y, en el caso de reiterar la infracción, emitirles las correspondientes multas". Por tal motivo, en el seno de la comisión de estudio de Urbanismo del pasado lunes, el Grupo Municipal Socialista preguntó por "el número de avisos enviados por entrar al centro desde que se ha suprimido el sistema de sanciones automáticas, así como el número de multas interpuestas".
Ribes ha vuelto a lamentar "la demagogia y propaganda" que realiza Begoña Carrasco, así como los concejales de Seguridad, Antonio Ortolá, y Movilidad, Cristian Ramírez, sobre el apagado de las cámaras "porque lanzan mensajes populistas, eluden su responsabilidad de aplicar las ordenanzas municipales y hacen la vista gorda ante determinadas infracciones, como es dejar entrar a coches sin autorización a la Zona de Baja Emisiones".
Para el edil socialista, "PP y Vox se están riendo de los ciudadanos y ciudadanas que sí son multados en otros puntos de la ciudad cuando cometen infracciones, porque parece ser que aquí hay vecinos y vecinas de diferentes categorías". Es más, "sigue generándonos muchas dudas a nivel jurídico la discrecionalidad que supone el decidir sancionar o no a los conductores y conductoras que no cuenten con los permisos pertinentes para cruzar por el centro de la ciudad".
Ribes, en cualquier caso, señala con ironía que "cómo vamos a esperar que gestionen bien el área de movilidad cuando tenemos a un concejal, Cristian Ramírez, que debería haber dimitido hace dos meses por el escándalo de las 134 multas que, presuntamente, no ha pagado por aparcar mal en zona azul en un año". A ello se une "el caos y la descoordinación entre Ortolá y Ramírez, como quedó demostrado en un pleno donde el edil de Seguridad dijo que se seguía multando y el de Movilidad, que no se sancionaba". "Son de sainete", ironiza Ribes.
