CASTELLÓ. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha solicitado este lunes a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que se facilite copia de la notificación de la empresa que gestiona la zona azul al Servicio de Recaudación municipal con las 136 multas impuestas al vehículo utilizado por el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, que no había pagado en un primer momento el edil del Partido Popular del total de 170 que le pusieron con boletín de denuncia en el parabrisas de su coche.
La pregunta, tal y como ha explicado la portavoz socialista, Patricia Puerta, se ha realizado en el seno de la comisión de estudio de impulso económico, empleo y capital humano del consistorio, a la que ha asistido junto a la concejala socialista Mary Carmen Ribera. Puerta ha señalado que "la ciudadanía tiene qué saber todos los detalles de uno de los mayores escándalos que se recuerdan en este ayuntamiento, porque ya estamos comprobando la intención de la señora Carrasco y del portavoz de la mentira, Vicent Sales, de taparlo, por lo que nos preguntamos qué tendrá que esconder Ramírez para que siga en su puesto".
Para la portavoz socialista, "a Carrasco le va a perseguir todo el mandato esta absoluta vergüenza si sigue protegiendo a Cristian Ramírez, sobre todo tras conocerse que la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en un informe, ha confirmado lo que llevamos denunciando durante este año desde el Partido Socialista: que Ramírez recibió nada menos que 170 multas por aparcar de forma irregular en zona azul, de las que solo pagó en la máquina expendedora -y por medios no aclarados- 34 de ese total".
Esta situación llevó a que la empresa responsable de la ORA remitiese a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Castelló un total de 136 multas impagadas, "hecho que parece que a Carrasco y a Sales les parece del todo edificante, pero que solo es una burla a todos los vecinos y vecinas que sí pagan las sanciones por aparcar mal o a los que se les embarga la nómina si no lo hacen".
De esas 136 multas impagadas remitidas a la Oficina de Recaudación, según el informe policial, 105 tuvieron que ser archivadas "por prescripción" al no poder notificarse al infractor en el plazo legal, aludiendo en este sentido que, al ser un coche en alquiler, el usuario era Cristian Ramírez, pero el propietario era un banco. "Las sanciones que sí se abonaron de esas 136 impagadas, 31, fueron saldadas, algunas por el concejal del PP y otras por el banco".
Pese a todos estos datos, la Fiscalía Provincial, como explica la portavoz socialista, ha decidido archivar la causa, "no porque no existan las infracciones, que sí son reales como ha demostrado la Policía Nacional, sino porque no ha podido constatar que Cristian Ramírez haya podido influir en la anulación o revocación de alguna sanción".
Por ello, y porque "creemos que hay todavía muchas cuestiones que investigar, ya anunciamos que vamos a estudiar todas las vías judiciales que nos quedan para seguir denunciando estos graves hechos que quieren tapar tanto la alcaldesa que se burla de esta lamentable realidad como el portavoz que hace de la mentira su forma habitual de actuar".