CASTELLÓ. El sector citrícola valenciano y estatal es un clamor contra la decisión de la Comisión Europea de no debatir este viernes, tal y como estaba previsto, la implantación del tratamiento en frío para la naranja procedente de Sudáfrica. Organizaciones agrarias, cooperativas y la interprofesional citrícola española censuran una decisión que en muchos casos han calificado de "traición" a la citricultura europea, como por ejemplo ha hecho Intercitrus.
Desde La Unió de Llauradors exigen al ministro de Agricultura, Luis Planas, que traslade este "asunto de Estado" en el Consejo de ministros del ramo que se celebrará el próximo 24 de mayo. El objetivo es que el tratamiento en frío sea una realidad desde esta misma campaña de importación. "Ya tenemos suficiente con el Delottococcus aberiae (cotonet) importado de Sudáfrica o la Xylella fastidiosa en el norte de Alicante, que nos causan graves pérdidas económicas a los productores y un mayor esfuerzo inversor a las administraciones, entre ellas la Comisión Europea, para su control y prevención; como para que nos entre una nueva plaga", afirma secretario general de la organización agraria, Carles Peris.
"Actúan de espaldas a sus ciudadanos y se posicionan junto a países terceros. Siguen sin ver el riesgo que esto supone; es algo inaudito y muy grave" reitera Peris. En el mismo sentido, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, reitera que la noticia es "humillante" y asegura "no entender cómo Alemania y Holanda insultan de esta manera a un socio como España y tienen carta blanca para ser amos y señores e imponer su criterio". Por ello, Aguado insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ir a Bruselas a "pedir justicia".
En la misma línea, el presidente de las Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana y responsable de cítricos en España, Cirilo Arnandis, lamenta "profundamente la retirada de la votación, que impedirá la adopción inmediata de una medida fundamental para proteger la sanidad vegetal de las 600.000 hectáreas de plantaciones comunitarias de cítricos". En su opinión, "la decisión produce una mezcla a partes iguales de asombro e indignación y pone en riesgo, una vez más, a nuestro sector ante los intereses de terceros países o de otros sectores productivos".
De igual forma, Arnandis apunta que "la Comisión Europea debe explicar, a la mayor brevedad posible y con total claridad y transparencia, las razones por las cuales no se ha producido la votación, último trámite de un proceso que ha durado meses, así como los pasos que pretende dar sobre esta cuestión en el futuro más inmediato".
Por su parte, desde la interprofesional Intercitrus, su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, afirma que la entidad estatal se mantendrá "especialmente vigilante con las interceptaciones que se puedan producir a este respecto y estudiará pedir responsabilidades a la Comisión en caso de que la situación no se reconduzca".