CASTELLÓ. Nueva resolución favorable a los vecinos de la playa de Almassora en torno al conflicto abierto por el ruido y la contaminación del polígono de El Serrallo y la refinería de BP, la más próxima a las viviendas afectadas. El Síndic de Greuges ha resuelto dando la razón a los escritos vecinales por falta de respuesta de la Generalitat Valenciana a sus escritos de alegaciones contra la modificación de los permisos ambientales de la mencionada refinería, así como a las solicitudes de acceso a información sobre el proyecto.
Estos escritos presentados en septiembre de 2022 no fueron respondidos y la administración debe atenderlos, tal como refleja el defensor del pueblo valenciano en la resolución, emitida el pasado 10 de enero. En él, insta a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, dirigida por la castellonense Salomé Pradas, a "emitir una respuesta expresa, congruente y motivada a los escritos de alegaciones" vecinales, y "abordando y resolviento todas y cada una de las cuestiones expuestas" en ellos.
Además, los vecinos habían solicitado tener acceso a información del proyecto para la modificación de la autorización ambiental y la administración autonómica también había hecho caso omiso. Por ello, el Síndic de Greuges también insta a resolver esta petición y notificando a los interesados, y recuerda el "deber legal de contestar en el plazo legalmente establecido, expresa y motivadamente, los escritos que los interesados presenten ante esa administración pública", algo que no había sucedido.
Para justificar la falta de respuesta a las alegaciones, la Generalitat defendía que "la tramitación de estas autorizaciones es un proceso complejo tanto por el hecho de requerir múltiples consultas, como por la propia redacción de las autorizaciones". Tras remitir a BP las alegaciones -también del Ayuntamiento de Almassora-, así como al resto de organismos implicados, se está a la espera de acabar todos los informes. Faltan los de ruido, emisiones y seguridad.
"Una vez dispongamos de todos los informes se elaborará el correspondiente informe propuesta y los informes relativos a las alegaciones presentadas", explicaron desde la administración autonómica al Síndic, para añadir que la normativa "no obliga a responder las alegaciones de forma inmediata" sino a "tener en consideración las alegaciones a lo largo de la tramitación" por lo que "habitualmente, las alegaciones se responden en las últimas fases del procedimiento, lo cual no implica que no se hayan tenido en cuenta".
Al respecto, en el Síndic de Greuges responden que son "conscientes de la complejidad de los expedientes a los que se refiere la administración" pero no se puede obviar "el derecho que nuestro Estatuto deAutonomía reconoce a los ciudadanos a la hora de que las administraciones públicas traten los asuntos que les afectan en un plazo razonable, en el marco del derecho a una buena administración". En este caso había pasado más de un año. Así, subrayan que la normativa "impone a las administraciones un plus de exigencia a la hora de abordar el análisis de los escritos que les dirijan los ciudadanos".
Y por ello el Síndic insta a ofrecer una respuesta, al igual que el acceso a la información solicitada por los vecinos, y a lo que la Generalitat alegaba la extensión y complejidad de todos los escritos: "Por este motivo, se prevé estudiar dichas peticiones a lo largo de las próximas semanas, con el fin de dar respuesta a la petición, y preparar la documentación disponible", respondió la administración. A lo que el Síndic insiste en que es "muy importante" respetar el plazo de un. mes que marca la ley para resolver estas solicitudes: "De lo contrario, la información pública solicitada puede perder interés o utilidad. No cabe, por tanto, retrasar la contestación permitiendo el paso de varios meses sin responder nada al solicitante de información".
Las molestias procedentes del polígono industrial sito en Castelló de la Plana acumulan una gran cantidad de quejas administrativas y escritos presentados a diferentes instituciones como el Ayuntamiento de Castellón, el Ayuntamiento de Almassora y la Generalitat Valenciana. Concretamente, hasta 160 de los vecinos de la playa d'Almassora han presentado cientos de reclamaciones desde hace casi 25 años que, según explican, nunca recibieron respuesta. Como publicó Castellón Plaza, han acabado yendo al juzgado, que ha admitido la demanda e investiga las molestias.
