El traspaso de Penyeta Roja a la Generalitat deja a un cuarto de su plantilla en el aire

CASTELLÓ. (EP). La Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana han dado un nuevo paso para regular por completo el centro de recepción de menores de Penyeta Roja, que pasará a manos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a partir del 1 de abril para poner "de una vez" orden en un servicio "que adolecía de seguridad jurídica y que el anterior equipo de gobierno no quiso resolver, lo que suponía una gran irresponsabilidad", según ha señalado la vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta.

En cuanto a los trabajadores y trabajadoras del centro, que suman un total de 37 empleados, la Diputación trabaja en la recolocación de toda la plantilla de funcionarios, que se quedará en la institución provincial. Sin embargo, la institución provincial no puede hacer lo mismo con los trabajadores interinos por cuestiones legales y que suponen al rededor de un cuarto de la plantilla.

Ahora se trabaja en un plan para reubicar a los trabajadores, tanto en otras áreas de Penyeta como en puestos de trabajo que contemplen sus mismas categorías. Para ello, se está realizando un completo estudio para ver la mejor de las soluciones, que incluyen formación para el personal en el caso de que así lo necesiten.

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha remitido ya a la Diputación el oficio que certifica que el 31 de marzo será el último día en el que esté operativo el centro de menores de Penyeta Roja, por lo que a partir del 1 de abril será a Generalitat la que se haga cargo a través de las dependencias que tiene en el centro de recepción Verge del Lledó.

La siguiente medida será llevar el oficio a un pleno extraordinario previsto para el 12 de marzo, que marcará el inicio de la extinción del centro de menores de Penyeta Roja a partir del 1 de abril. La vicepresidenta, Patricia Puerta, ha destacado en este sentido el intenso trabajo desarrollado estos meses para regular el servicio y dejar de asumir una competencia que no correspondía a la Diputación, además de garantizar que la atención a los menores "cuente, por fin, con todos los preceptos legales".