CASTELLÓ. La retirada de la cruz de Ribalta, que se produjo este miércoles, ha supuesto un auténtico Vía Crucis para el Acord de Fadrell desde que se propuso cumplir la ley de Memoria Democrática en 2017, cuando entonces se denominaba Pacte del Grau. Para cumplir uno de los compromisos más importantes del documento de gobernanza, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha tenido que sortear al menos seis litigios e impeler dos expedientes de ejecución.

El tortuoso camino judicial se inició el 15 de marzo de 2019, con el primer recurso Contencioso-administrativo de Abogados Cristianos. La Fundación solicitó medidas cautelarísimas en contra del acuerdo plenario de febrero, que iniciaba la tramitación administrativa para proceder al traslado del monumento. La magistrada del Juzgado número 1 atendió la petición y interrumpió el procedimiento, bloqueando además una supuesta partida presupuestaria de 80.000 euros. El auto del 26 de marzo estableció la paralización, que posteriormente el tribunal ratificó el 4 de abril, así como el secretario general municipal en un informe emitido el 24 de mayo. Este concluyó que "el principio de prudencia obliga al funcionario que suscribe advertir que procede la suspensión del procedimiento instado por Cultura".

El TSJCV dio la razón al Ayuntamiento

El contencioso acabó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al presentar el Ayuntamiento una apelación. La Sección Cuarta de la Sala estimó el recurso en marzo de 2020, levantando la citada paralización. La Asociación trató de elevar la causa ante el Tribunal Supremo, pero el propio máximo órgano judicial valenciano inadmitió el recurso.