Imagen de archivo. Foto: FERNANDO SÁNCHEZ/EPVALÈNCIA (EFE/Ruth del Moral). Cuando se cumplen 100 días desde que el Gobierno pactara con el PP eliminar el término "disminuidos" de la Constitución para dignificar a las personas con discapacidad, la proximidad de las elecciones del 28 de mayo ha dejado en el aire la tramitación parlamentaria y las conversaciones avanzan muy lentamente.
De hecho, fuentes parlamentarias cercanas al Gobierno de coalición inciden a EFE en que ya ha pasado demasiado tiempo sin tener noticias y miran hacia el PP para ver si mueve ficha, ya que tras el pacto con los socialistas para ceñir la reforma al artículo 49 de la Constitución, el debate se había centrado en si se debían discutir o no el resto de enmiendas presentadas al proyecto de ley.
Desde el grupo parlamentario del PP se afirma a EFE que los contactos siguen pese a que "no hay novedades", mientras que otras fuentes diferentes no descartan que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pueda reunirse con la portavoz Cuca Gamarra recién iniciada la campaña electoral, a partir del 12 de mayo.
El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró partidario en octubre de 2022 de sacar adelante esta reforma antes de que se iniciaran los largos periodos electorales -que prácticamente ya han comenzado-, después de que en su primera reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactaran incluir este asunto entre las propuestas de posible acuerdo.
Fue el 25 de enero cuando Bolaños, y la portavoz del grupo parlamentario Popular, Cuca Gamarra, coincidieron en avanzar en la eliminación solo del término "disminuidos" en la reforma constitucional, tras haber presentado el PP (junto a Vox) una enmienda a la totalidad en su primer debate parlamentario.
Se han cumplido 100 días desde aquel acercamiento y casi dos años desde que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de reforma que exige una mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado para ser aprobada. En el caso de la Cámara Baja 210 diputados.
De momento, la suma da con los diputados del PSOE (119), PP (88) y Unidas Podemos (32), que tras varias reuniones con Bolaños cerraron circunscribir la reforma a este único tema y no incluir ninguna enmienda.
Y es que el proyecto de ley había recibido iniciativas del PNV para incluir el derecho a decidir de Euskadi en la Constitución, de Ciudadanos para recentralizar las competencias de sanidad y educación y una enmienda de Compromís para recuperar el derecho civil valenciano, contemplado en la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana en 2006 y que fue frenado por el Tribunal Constitucional (TC).
Unidas Podemos apoya esta última iniciativa, aunque ha acordado con sus socios de coalición no incluirla en esta reforma, con el fin de no enturbiar la modificación del artículo 49 promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, advierte a EFE de que las próximas elecciones en Valencia son esenciales para la formación morada de cara a renovar el acuerdo del Botánic (PSOE valenciano, Compromís y Podemos), e incide en que estos comicios requieren que los dirigentes políticos apoyen el Estatut y el derecho civil valenciano.
Según Chirivella los candidatos socialista, Ximo Puig, y del PP, Carlos Mazón, "insisten a sus direcciones nacionales" en que se debe mantener viva la enmienda de Compromís y recuerda que si la reforma constitucional no avanza antes de que la princesa Leonor jure la Carta Magna por su mayoría de edad, lo hará ante un texto "que no recoge las demandas de 5 millones de personas con discapacidad y de 5 millones de valencianos".
Por otra parte, en cuanto se convoquen las elecciones generales y se disuelvan las Cortes todas las iniciativas en trámite parlamentario decaerán y el próximo Gobierno tendría que volver a presentar un nuevo proyecto de ley.
