El 81% de brotes en residencias durante la cresta de la cuarta ola fueron introducidos por trabajadores

VALÈNCIA. La última prórroga de las grandes restricciones –toque de queda en 68 municipios y límite de las reuniones- solicitada por la Conselleria de Sanidad y autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a mediados de agosto se basó en un informe de la Subdirección de Epidemiología que incluía diversos datos de interés que resultan relevantes también a día de hoy.

Cabe recordar, tal y como ha ido informando este diario, que los tres informes elaborados por el citado departamento para determinar qué municipios se verían afectados por estas restricciones de derechos fundamentales no se hicieron públicos en su momento –pese a las reiteradas solicitudes de este diario-, si bien Castellón Plaza ya publicó semanas atrás el contenido de los dos anteriores.

Uno de los datos relevantes del informe se refiere a los crecientes contagios en las residencias, así como el análisis de la procedencia de los distintos brotes. Así, la Subdirección de Epidemiología expone que desde inicios de julio hasta la fecha del documento (10 de agosto), se han producido 127 brotes en total en los centros de la tercera edad de los cuales se ha detectado que en 103 de los casos el primer contagio procedió de un trabajador. Es decir, el 81%. Unos brotes que causaron un total de 251 contagios -116 residentes y 135 empleados- entre el 5 de julio y el 9 de agosto.

El mes anterior, en junio, apenas se habían detectado seis brotes, todos ellos con trabajadores como primeros contagiados. Los mismos se contabilizaron en mayor, si bien en este caso fueron mayoría los residentes que proyectaron el virus inicialmente.

Un informe que llegaba un día antes de que el Ministerio de Sanidad recomendara realizar dos test de antígenos semanales a los trabajadores de residencias que no estuvieran vacunados. Una medida que la Conselleria de Sanidad detalló en un protocolo publicado pocos días después especificando que, además, los que estuvieran inmunizados deberían realizarse el test cada dos semanas. Un mes después, el ministerio aprobaba la inoculación de la tercera dosis en residencias, que a día de hoy se ha administrado a unas 350.000 personas en España.

Por otro lado, En este tercero y último, un documento de 30 páginas, se observa una justificación prácticamente calcada a la de los anteriores informes para establecer los criterios por los que 68 localidades estarían sometidas a limitaciones en las reuniones públicas y privadas y la imposición del toque de queda.

Cabe recordar que los siete indicadores seleccionados para tomar esta decisión eran la ya conocida incidencia acumulada a 14 días de la población general y, en concreto, de los iguales o mayores a 65 años por ser más vulnerables. Además, el llamado Incremento Diagnóstico (ID), que se refiere al ascenso porcentual de los casos diagnosticados en los últimos 7 días respecto a la media de las dos semanas anteriores. El Porcentaje de Trazabilidad, que mide los contactos mantenidos con un caso; la Tasa de Positividad, que refleja los contagios respecto al número de pruebas realizadas en los últimos 7 días; el número reproductivo básico instantáneo, estimación del número de contagios que causa un infectado; y el indicador de exceso de casos en los últimos 7 días respecto al esperado riesgo de, en este caso, la Comunitat Valenciana.

De nuevo las principales afectadas fueron las zonas más turísticas y costeras, donde la incidencia se encontraba disparada, así como buena parte de los otros indicadores. En el documento, además, se hace especial hincapié en el amplísimo número de contagios en la franja de edad de entre 15 y 29 años (1.113 casos por cada 100.000 habitantes), la preocupación por la gran capacidad de contactos de los jóvenes (entre seis y diez contactos estrechos por los cuatro de media en personas más adultas) y el peligro de las reuniones de familiares y amigos, donde se situaban en ese momento el 89% de los brotes detectados.