Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios PSPV, Compromís y Unides Podem aprobaron este jueves los octavos presupuestos del Gobierno del Botànic. Unas cuentas, las primeras del conseller de Hacienda, Arcadi España, cuya tramitación no ha sido un camino de rosas; especialmente, por la tensión y recelo que ha despertado este año la tramitación de enmiendas a la ley de Acompañamiento de 2023, en la que el PSPV no solo ha presentado reformas en solitario, sino que también se ha aliado con PP y Ciudadanos en varios asuntos que han mosqueado a sus socios.
Una serie de rifirrafes que se han prolongado, como cada año, a lo largo de dos intensos meses (noviembre y diciembre) y de los que los grupos dieron cuenta durante el debate en el pleno, pero que, finalmente, ha terminado de la misma manera que en las siete ocasiones anteriores: con un 'sí, quiero' por parte de los socios del tripartito a las cuentas que los departamentos del Ejecutivo han elaborado. La historia se repite por octava vez consecutiva.
El inicio de los encontronazos comenzó ya en el Debate de Política General, cuando el president de la Generalitat, Ximo Puig, adelantó que rebajaría los impuestos a las rentas inferiores a 60.000 euros. El avance enfadó a sus socios, que advirtieron que no se había acordado ninguna reforma en este sentido. Pero también causó un importante revuelo en el ámbito nacional con el disgusto público manifestado inicialmente por el Gobierno de España.
Más allá del lío que provocó de entrada, el dilema vino después con la negociación entre las tres patas del Botànic para definir el alcance que tendría la medida. Los desencuentros hasta el último minuto y el deseo de retroactividad hicieron que la reforma tuviera que plasmarse de forma troceada: en un decreto ley y en la Ley de Presupuestos de 2023, pero no en la de Acompañamiento como inicialmente anunció el jefe del Consell.
El cabreo de los valencianistas por aquella maniobra no fue aislado. Durante las últimas semanas del año, el PSPV jugó la partida por su cuenta en diferentes cuestiones: decidió bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones a las empresas familiares, modificación que lograron sacar adelante gracias al apoyo de PP, Ciudadanos y Vox.
El tripartito se fracturó, como también lo hizo con 24 enmiendas sobre el despliegue de renovables en la Comunitat Valenciana. Textos que se había acordado impulsar en un acuerdo firmado por PSPV, Compromís y Unides Podem en mayo, pero que los socialistas decidieron no secundar en el trámite de enmiendas a Acompañamiento al considerar que si las respaldaban, cambiarían las reglas del juego.
Más adelante, además, la síndica del grupo Ana Barceló advirtió en una entrevista de Valencia Plaza que su formación daba por cumplido aquel acuerdo de mayo porque habían introducido cambios legislativos en normas como la de Cambio Climático o Economía Circular para regular el despliegue de las fotovoltaicas en la autonomía.
La división que ha sido una constante en el último mes del año se ha mantenido también en otros debates que no tenían que ver con los presupuestos o la Ley de Medidas Fiscales. Este martes, de hecho, los socialistas votaron a favor de dos enmiendas registradas por populares y Ciudadanos para que, en los bous al carrer, la Generalitat Valenciana asuma el importe que exceda de las pólizas de seguros contratadas en el caso de que se produjera cualquier accidente. Hasta ahora, este gasto corría a cargo de los organizadores.
El apoyo del PSPV al texto pilló por sorpresa a sus socios, que tacharon de "deslealtad total" aquel voto. "El PSPV ha votado a favor de una enmienda de PP y Ciudadanos para desviar dinero de la sanidad valenciana a pagar el coste de bous al carrer. Una deslealtad total con el Acuerdo del Botànic. El dinero de la sanidad debe ir a mejorar las listas de espera y contratar más personal", criticó la síndica de Compromís, Papi Robles. Semanas atrás, ella misma también tildó de "grave error que rompía acuerdos del Botànic" la enmienda de partido de Barceló para bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones a las empresas familiares.
La lista de rupturas en el tripartito es larga y la completa la ley de Bienestar Animal, donde el PSPV también ha decidido ir por su cuenta y no consensuar con sus socios los detalles más polémicos de la norma: si los perros de caza reciben el mismo trato que los animales del ámbito doméstico o no. El texto acordado en un principio por el tripartito definía el maltrato a un animal como toda conducta "por la cual se ejerce una acción u omisión o comportamiento violento sobre un animal que provoque lesiones que menoscaben gravemente su salud".
Sin embargo, el PSPV introdujo antes de la votación una salvedad: "excepto las posibles lesiones que pudieran sufrir los animales de compañía que hacen tareas o actividades específicas en el ejercicio de sus funciones específicas". Previamente, habían definido que los perros con funciones específicas son aquellos dedicados "a la caza, trabajo, pastoreo, rescate, asistencia, con fines deportivos o los utilizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
El entendimiento entre las tres fuerzas del Botànic, por tanto, ha sido casi nulo en el tramo final del año. Socialistas, valencianistas y morados no han hablado el mismo idioma y casi han tenido más enfrentamientos que debates, pero finalmente han cerrado la legislatura con luz verde al proyecto de ley de Presupuestos de 2023. Los octavos del gobierno tripartito.
