Puig, tras una reunión del Consejo de Administración de Parc Sagunt. Foto: GVAVALÈNCIA. Conseguir que una multinacional potente se decida a aterrizar en una determinada localización no es una tarea sencilla. El éxito confirmado esta semana del Gobierno valenciano para lograr que Volkswagen instale en Sagunt su gigafactoría de baterías con una inversión de 7.000 millones y una previsión de 3.000 empleos, exige de arduas y complejas negociaciones que, en este caso, ocuparon meses. También de cambios legislativos que allanen el camino.
Uno de los requisitos legales que hacían la pista menos cómoda para el aterrizaje del grupo alemán era la obligación de convocar un concurso público para vender los terrenos de Parc Sagunt donde se proyectaba ubicar la gigafactoría, que se calcula que ocupará un millón de metros cuadrados. La oferta valenciana perdía fuerza si la Generalitat tenía que sacar a concurso los terrenos, un proceso administrativo lento que no podría iniciarse antes de que se repartiesen las ayudas del Perte del Automóvil el próximo mes de junio, ya que Volkswagen ha condicionado el proyecto a esas ayudas. Pero así lo establecía la ley hasta el pasado 1 de enero, cuando se modificó vía enmienda en Les Corts.
Así, los grupos parlamentarios de los partidos que forman el Govern del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) se sirvieron el pasado mes de diciembre de la Ley de Medidas Fiscales, conocida como 'ley de acompañamiento a los presupuestos de 2022' para introducir una modificación en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) que allanara el posible aterrizaje de Volkswagen que había comenzado a consolidarse como una opción factible.
De esta manera, a través de una enmienda de adición, concretamente la 249, que firmaron los portavoces de PSPV, Compromís y Unides Podem, se incorporó a la ley un apartado nuevo (concretamente el número 7) en el artículo 105 de la Lotup que rezaba lo siguiente: "Con carácter excepcional, el Consell podrá aprobar, mediante acuerdo motivado, la transmisión directa del dominio de bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo para la implantación de actividades industriales".
Una modificación que, de esta manera, y a través del citado "carácter excepcional", sorteaba otros apartados del citado artículo 105 que exponían la opción de concurso o subasta como fórmula para la transmisión de patrimonio público.
Ahora bien, en la mencionada enmienda 249 se puntualizaba que para esta posibilidad de transmisión directa debían cumplirse en particular tres condiciones.
En primer lugar, que las actividades industriales objeto de implantación "estén incluidas dentro de un programa de inversión estratégica sostenible aprobado por el Consell".
En segundo, que el suelo público objeto de la operación cuente "con una clasificación urbanística compatible con el uso del suelo correspondiente a la actividad industrial que se pretende implantar".
Y, por último, que el precio de la transmisión del dominio de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo no sea "inferior al valor de mercado de los terrenos". En los tres casos las condiciones son perfectamente compatibles con el aterrizaje de la multinacional que, con esta modificación, veía facilitada la tarea de acceder a los terrenos por la vía directa.
La modificación legislativa no pasó el examen del Consell Jurídic Consultiu al haber sido introducida vía enmienda -a instancias del Consell, según fuentes de los grupos parlamentarios-, como sí lo habría pasado si hubiese figurado en el articulado del proyecto de 'ley de acompañamiento' aprobado por el Gobierno valenciano.
Fuentes del Consell consultadas por este diario señalan que, en aquel momento, se introdujo esta modificación con la vista puesta a no dejar de lado el "urbanismo productivo" dirigido a "proyectos industriales estratégicos que pudieran generar puestos de trabajo".
Es por ello, y con la vista puesta precisamente en el aterrizaje de Volkswagen y su gigafactoría de baterías, se introdujo la citada enmienda que, además, justificaba especialmente este tipo de transmisión directa en proyectos de "valor añadido" en áreas como "innovación y desarrollo tecnológico" y que, además, cumplieran los criterios de "interés general" acotados en las condiciones, explican las citadas fuentes.
