El caos del personal laboral a extinguir en Sanidad: entre la disparidad de convenios y los acuerdos incumplidos

VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad tiene entre sus tareas de esta legislatura deshacer la maraña que existe entre el personal laboral a extinguir procedente de la reversión e internalización de servicios sanitarios que estuvieron bajo regímenes de concesión o conciertos. Desde las concesiones público-privadas de La Ribera, Torrevieja y Dénia a la asunción de la resonancias magnéticas y la farmacia socio sanitaria de las residencias públicas, más de 2.500 trabajadores conviven con diferentes convenios colectivos en la sanidad pública en un 'caos' de jornada y salarios.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya apuntaba a un decreto ley para homogeneizar los regímenes jurídicos de personal dependiente de la conselleria: estatutarios, funcionarios, laborales o a extinguir. Sin embargo, a pesar de las pretensiones anunciadas por Gómez, la dirección de Sanidad ha optado por no cumplir -al menos por el momento- los acuerdos de mejora firmados por el Govern del Botànic para este colectivo a través del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) o publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

Por este motivo, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, y la Federación de Serveis Públics de UGT-PV han convocado este martes una concentración frente al Palau de la Generalitat para exigir a Sanidad que cumpla con los acuerdos que alcanzó con los sindicatos con motivo de las huelgas convocadas en el primer semestre de 2023. "Estos acuerdos, que ahora el nuevo Consell se niega a cumplir, suponían la homogeneización de las condiciones laborales de este personal con las del estatutario", señalan desde los sindicatos.

El colectivo que más tiempo lleva reivindicando la cuestión es el personal de La Ribera, que ya en 2018 vio como caducaba su convenio colectivo. Tras varios intentos de negociación, los trabajadores decidieron ir a la huelga para finalmente llegar a un acuerdo en el TAL, en el que una de las mejoras acordadas suponía que, a partir del 1 de enero de 2024, se les aplicara el derecho de jornada del personal que ocupe una plaza estatutaria, cuestión que no se ha implementado. 

Mientras, los trabajadores subrogados de las farmacias socio sanitarias están suscritos al convenio de gestiones integrales, que se aplica a las residencias o centros de titularidad pública y gestión privada dependientes de Bienestar Social. Por otro lado, el personal de las resonancias magnéticas heredado de Erescanner en Valencia y Castellón es dependiente del convenio de sanidad privada de Valencia, mientras que los subrogados de Inscanner dependen del convenio de Alicante. 

"Están en una situación en la que a cada uno se le aplica una cosa", reconocen. "La idea era tender a homogenizar la jornada, a regularizar y dejar claros los incrementos, tender hacia la homogenización para reducir conflictividad y mejorar la gestión para planificar los turnos con condiciones parecidas y establecer las mismas reglas del juego", insisten. "Tienes compañeros que trabajan uno al lado del otro con retribuciones diferentes y a la hora de planificar un turno es un caos". Mientras, la Conselleria estudia con la Abogacía de la Generalitat si los acuerdos de mejoras avalados en el TAL y los de resonancia y farmacias publicados en el DOGV son válidos, según apuntan desde los representantes de los trabajadores.

Como ya hicieran con la jornada de 35 horas, desde el departamento de Marciano Gómez se replantean la validez a falta de informes como el de Presupuestos. Entre las situaciones más extremas, apuntan a que el personal laboral a extinguir de farmacia socio sanitaria cuenta con contratos de 1.780 horas, mientras que al irse de vacaciones, cuando les sustituye alguien de bolsa pasan a cumplir 1.589. En este sentido, señalan las dificultades gestión y la disparidad de condiciones según hospitales, ya que en algunos se aplican los acuerdos y en otros no.

"Estas personas trabajadoras, provenientes de procesos de integración que buscaban devolver al sistema público lo privatizado, enfrentan condiciones laborales desiguales y precarias con respecto al personal estatutario. Una situación que, además, dificulta la gestión eficiente por parte de las gerencias e incide en la calidad de la asistencia", insisten, a la vez que recalcan el estancamiento laboral que supone para estos empleados. 

La Federación de Serveis Públics de UGT también denunciaba la pasada semana que el Consell ha dejado fuera al personal laboral a extinguir del acuerdo del pasado 30 de enero por el que se habilitan determinados programas específicos de productividad para atender necesidades coyunturales de actividad asistencial y preventiva en el Sistema Valenciano de Salud. Un documento publicado en el Diario Oficial de la Generalitat que, a diferencia del borrador que fue negociado con los sindicatos, no recoge a este personal procedente de las reversiones como susceptible de participar voluntariamente en los citados programas cuyo objetivo es suplir la ausencia de personal o reforzar efectivos disponibles para atender una adecuada demanda asistencial.