Dos ancianos sentados en un banco. Foto: A. PÉREZ MECA (EP)VALÈNCIA. El índice de envejecimiento sigue aumentando año tras año en la Comunitat Valenciana, en 2021 con un incremento de 3,9 años respecto al año anterior. Una situación que va de la mano de la disminución de nacimientos y la edad media de maternidad, que supera los 32 años. Otros factores como el aumento notable de la tasa bruta de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad postneonatal contribuyen también a esta senectud poblacional.
La despoblación en la Comunitat Valenciana está directamente relacionada con esta problemática, por lo que, tal como recoge la memoria socioeconómica del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES), se considera necesario hacer del medio rural un espacio lleno de proyectos de vida y que garantice la igualdad de derechos de sus habitantes con el resto de la ciudadanía. "En este sentido valoramos positivamente que la población en las comarcas de interior haya aumentado en 2021 (0,49%)", incluyen. Desde la Generalitat se propone incrementar todo tipo de acciones conducentes a facilitar el incremento de población en las zonas en riesgo de despoblación.
En este contexto, se vuelven esenciales ciertas cuestiones como la construcción de nuevo discurso de la ruralidad, la adopción de un enfoque comarcal que complemente la visión municipal, el refuerzo de la cooperación público-privada para maximizar la movilización de los recursos territoriales y la adaptación de los procesos administrativos y marcos legales a la realidad del medio rural.
La memoria apuesta por una política integral que fomente la iniciativa empresarial, en particular la economía social. "Una puesta en valor del papel estratégico de la cadena agroalimentaria; la mejora de la legislación en materia de protección medioambiental y protección territorial, el establecimiento de una política fiscal diferenciada en los territorios en riesgo de despoblación y una mejora de la movilidad y conectividad para la equidad en el acceso a los servicios públicos", defienden los del comité, que confían en la atracción del talento joven, especialmente el femenino, al medio rural con la finalidad de incentivar la profesionalización.
Los tiempos pandémicos también ha aportado su granito de arena al envejecimiento territorial por todos los fallecimientos que provocó la situación. También se comprueba que, el efecto de la covid-19 se refleja en una disminución coyuntural de la esperanza de vida al nacimiento que disminuyó "0,64 años respecto al año anterior y la esperanza de vida a los 65 años disminuye en 0,5 años", tal como incluye el informe.
La memoria también cuenta con datos que pueden frenar en su justa medida la problemática de población envejecida. Así, el flujo de inmigración procedente del extranjero aumentó en la Comunitat Valenciana un 2,6%, al contrario del descenso estatal del 18,7% . Por otro lado, se ha dado un descenso del 2,22 % en el número de suicidios, que se mantiene como la primera causa de mortalidad por causas externas.
Los cambios en los modelos de relación familiar también propician esta abundancia de senectud. "El número de matrimonios en la Comunitat descendió un 37,15% debido al cierre de los registros y a otras circunstancias derivadas de la pandemia", pero no se trata de una situación excepcional, ya que la edad media del primer matrimonio ha aumentado un 2,28%. Además la Valencia registra la segunda mayor tasa por cada 1.000 habitantes de toda España, un 1,9%.
"En relación con el envejecimiento de la población nos preocupan las consecuencias de orden económico, laboral y social que se derivan de la dificultad, a medio y largo plazo, de sustituir los segmentos de población activa", recoge la memoria. El desequilibrio de la población joven en relación con el resto de la población, puede desarrollar problemas como la insostenibilidad del sistema público de pensiones, lo que evidencia la necesidad de modificar progresivamente el sistema de financiación de las pensiones públicas. Así pues, el Comité Económico y Social considera "oportuno" exigir de los poderes públicos políticas que "favorezcan las condiciones idóneas" para reducir el déficit demográfico, tanto desde el punto de vista de favorecer la natalidad, la adopción, como la inmigración, así como la acogida de un mayor número de personas refugiadas.
En particular, recomiendan implementar medidas que consideren la situación socioeconómica de la juventud, junto con la dificultad de acceso a la vivienda, como un "factor coadyuvante del descenso de la natalidad". "Nos preocupa que, a pesar del leve descenso experimentado en 2020, el suicidio continúe siendo la primera causa de muerte externa, por lo que recomendamos que se revise el modelo de atención en salud mental y se eleve sustancialmente el número de profesionales", reflexionan en el informe, teniendo en cuenta que buena parte del diagnóstico y tratamiento de patologías aparentemente menos graves recae sobre el personal sanitario no especializado.
