El chasco judicial de la Fórmula 1: todo archivado tras más de una década y cuatro investigaciones 

VALÈNCIA. La celebración del Gran Premio de la Fórmula 1 en València entre 2008 y 2012, hace ya más de una década, acabó en los tribunales pocos años después por las presuntas irregularidades en su organización y gestión. Después de cuatro investigaciones, todas han quedado archivadas sin que ninguna de ellas haya llegado siquiera a juicio.

Anticorrupción inició la primera a finales de 2014 tras las denuncias presentadas por PSPV y Esquerra Unida. En aquel momento, el fiscal Vicente Torres –actualmente y desde 2019 magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– , se querelló contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por todo lo que envolvía la organización del evento. 

Apuntó a que fue el responsable directo de las negociaciones con Bernie Ecclestone para traer el Gran Premio y para elaborar el contrato del 19 de julio de 2011 por el que la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor –la empresa organizadora– con un "desprecio a la legalidad vigente". Motivos por los que pidió al TSJCV que lo imputara. 

Éste abrió diligencias por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, pero a mediados de 2015 remitió las actuaciones a los juzgados al perder Camps la condición de aforado por la convocatoria de las de elecciones autonómicas. A partir de ese momento, la causa recayó en el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que acabó dividiéndola en dos piezas separadas. De un lado, la relativa a las negociaciones previas para traer a Valencia la Fórmula 1 junto a la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor Sports. 

De otro, la absorción de Valmor por la Generalitat a través de Circuito del Motor por 1 euro en diciembre de 2011, lo que permitió saldar las cuantiosas pérdidas de la empresa que pusieron en marcha Fernando Roig, Jorge Martínez "Aspar" y Bancaja, superiores a los 40 millones de euros. El "rescate", que hizo efectivo el Consell presidido por Alberto Fabra tras la dimisión de Camps, supuso asimismo la asunción de las citadas deudas. 

Más adelante, la Fiscalía pidió que se indagara también en supuestos amaños en las adjudicaciones de contratos de Circuito del Motor a diferentes proveedores (megafonía, pantallas, sistemas de control, etc), pieza que acabó igualmente en Instrucción 2. Ésta llegó a tener alrededor de una decena de imputados, como el exsecretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig, el exdirector de Circuito del Motor Julio García u otros exdirectivos como Blanca Tomás. 

Por último, en 2018 el juzgado de Instrucción 17 abrió otro procedimiento por los sobrecostes de 25 millones de euros en la construcción del circuito urbano. 

Delitos no probados

Informes de Anticorrupción y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional hicieron hincapié en las posibles irregularidades y pusieron en cuestión aquella conocida afirmación del expresidente de la Generalitat de que la Fórmula 1 no costó ni un euro a las arcas públicas. Pero la evolución de las principales investigaciones, muy centradas en Camps y con ciertos problemas en el procedimiento (por ejemplo en prórrogas en la instrucción o diligencias que acabaron siendo nulas) no han podido llegar a sustentar la comisión de los delitos ni atribuírselos a ningún responsable. 

La causa que más cerca estuvo del juicio oral fue la de la construcción del circuito, en la que la magistrada decidió en 2019 procesar a Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores; a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP); y a empresarios, entre ellos el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja.

La Fiscalía mantenía un criterio contrario al de la jueza y pidió el archivo, que ésta desestimó, por lo que recurrió a la Audiencia Provincial, que sí apoyó la tesis. Los magistrados concluyeron que, si hubo un posible delito de prevaricación en la contratación de las empresas para la construcción del circuito, habría prescrito. Además, rechazaron que se produjese el de malversación debido a que no se pudo constatar que hubiera perjuicio público en la Fórmula 1 pese al alto coste. 

A ella le siguieron el resto de sobreseimientos, aunque con idas y venidas. En mayo de 2020, Instrucción 2 dio carpetazo a la pieza sobre la compra de Valmor tras pedirlo Anticorrupción al entender que fue la decisión "menos perjudicial" para los valencianos. Se trataba de una causa sin imputados puesto que ya se sobreseyeron las actuaciones contra Camps y la exconsellera de Turismo y Deporte, Lola Johnson, entre otros. 

El pasado noviembre, el mismo juzgado archivó –de nuevo tras la petición de la Fiscalía– la de los contratos, en la cual se encontraban imputadas alrededor de una decena de personas, como el exsecretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig, el exdirector de Circuito del Motor Julio García u otros exdirectivos como Blanca Tomás. 

La magistrada indicó que se adjudicaron los contratos a las empresas por criterios técnicos y económicos y los documentos responden a la realidad sin introducir confusión. "Considero que la instrucción ha sido amplia sin que quepa la posibilidad de que se entienda la existencia de indicios de criminalidad en las actuaciones de cada uno de los investigados", expresó. 

Ya este mismo noviembre, la jueza decidió dar por cerrada la causa principal –después de solicitarlo igualmente Anticorrupción– y, por tanto, la última en la que figuraba Camps. El procedimiento quedó reducido en 2019 a la asunción por la Generalitat de la condición de avalista de Valmor. Inicialmente se encontraban imputados el expresidente de la Generaltat, la exconsellera Lola Johnson y el piloto Jorge Martínez 'Aspar'. Para los dos últimos fue archivada, pero la Audiencia de Valencia, tras estimar parcialmente un recurso de la Abogacía de la Generalitat, ordenó continuar indagando en las consecuencias para la Administración de una eventual reclamación de obligaciones, por lo que el juzgado reabrió las actuaciones (y sólo quedó el exjefe del Consell).

La Fiscalía, sin embargo, se volvió a pronunciar hace un año para concluir que seguía sin ver un delito de prevaricación porque no existía un procedimiento administrativo concreto que regulara la concesión de este tipo de garantías, de manera que Camps no pudo actuar contra él a sabiendas.

La magistrada entendió que "no consta en modo alguno" que el exjefe del Consell "diera concretas instrucciones" sobre el contenido y redacción del acuerdo de julio de 2011. En cuanto a si fue el que dio la orden, tras mantener conversaciones con Bernie Ecclestone, de que dicho documento se firmara y de que se incluyera a la Generalitat como garante, "no puede asegurarse dicho extremo". 

Para la jueza sí resulta evidente que "no se siguió el procedimiento adecuado" porque el acuerdo no pasó por los servicios jurídicos, por la Abogacía ni por el Consell y tampoco se concretó si existía un expediente administrativo. Pero, en su opinión, "no puede asegurarse" que fuera Camps el que determinara la sustitución de Bancaja como avalista, "pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto".

Las costas de la Generalitat, ya retirada de la causa

Paralelamente a todo ello, en diciembre de 2013 los responsables de Compromís Mónica Oltra y Fran Ferri presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, que posteriormente se transformó en una reclamación de reintegro instada por la Generalitat a través de la empresa pública Circuito del Motor. En este proceso, el Gobierno valenciano reclamó el pago de 24 millones de euros a varios exaltos cargos como Lola Johnson. La demanda fue desestimada en su integridad y la Generalitat debe asumir ahora unas costas procesales que se han estimado en alrededor de un millón de euros. 

La actuación del Ejecutivo autonómico a través de la Abogacía no ha salido tampoco barata para a las arcas públicas en todo lo relacionado con la Fórmula 1. A las consecuencias del procedimiento del Tribunal de Cuentas se suman los numerosos recursos ante los sucesivos archivos en los juzgados, que han acabado en un enfrentamiento total con la Fiscalía. En la última investigación se han echado, de hecho, para atrás después de anunciar que recurrirían. Tras la decisión tomada por la Conselleria de Obras Públicas dirigida por Arcadi España, la Generalitat se retira definitivamente de la causa.