Foto: PEPE OLIVARESVALÈNCIA. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha reprochado a la conselleria liderada por Mireia Mollà la falta de informes previos al anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que permitan evaluar cuál será el impacto económico que la norma tendrá para las entidades locales y para los ciudadanos, además de otros actores. Así lo recoge el dictamen que evalúa el documento en el que se recogen iniciativas para reducir un 40% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2030 y declarar la neutralidad de emisiones en 2050 o que el 42% de la energía consumida en 2030 sea procedente de fuentes renovables.
Cabe recordar que la normativa plantea iniciativas para lograr dichos objetivos que van desde impuestos para vehículos que generen emisiones y que sean matriculados a partir de 2023 en la Comunitat Valenciana, la necesidad de establecer plazas y puntos de recarga para vehículos eléctricos en los parkings o que los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) tendrán que reservar suelo para instalaciones de energía renovable.
Aunque se reconoce que la norma analiza cómo afectará a algunos colectivos y se acompaña de memorias económicas sobre el impacto económico para la administración autonómica, el órgano consultivo señala la importancia de analizar el impacto económico que tendrá tanto sobre ciudadanos como sectores. También alude a la competencia y a la unidad de mercado e incluso señala la posible repercusión sobre la pequeña y mediana empresa.
"A las leyes, como a las restantes normas jurídicas, se les exige que sean eficaces y eficientes en la consecución de sus objetivos", señala el dictamen. "La calidad material de aquellas exige una eficiencia en términos de costes/beneficios, sin provocar distorsión en otros ámbitos, bienes o intereses sociales, exigiendo que la norma sea adecuada y proporcionada para conseguir sus objetivos". En este sentido, insiste que para cumplir estas premisas es necesario que los mecanismos de la norma sean los mejores o los más idóneos para el fin que persiguen.
"Cuando una iniciativa o normativa pueda tener impacto en una pluralidad de sujetos o agentes económicos implicados, como sucede en el anteproyecto de ley de cambio climático y transición ecológica, resulta necesario un análisis de las posibles consecuencias de la norma en la estructura de mercado y en la conducta de los agentes afectados", recalca. Por este motivo, destaca como necesario que el documento hubiera sido acompañado memorias o informes que efectuaran un análisis sobre los objetivos de la ley y sobre los efectos previstos en sus destinatarios, así como en la realidad social y económica.
"Resulta indudable el pacto económico que tendrá la norma para las entidades locales, para los ciudadanos y para determinados sectores. La realización de este estudio habría permitido, por tanto, justificar de una forma más adecuada las medidas adoptadas o escoger aquellas otras que, garantizando el cumplimiento de los fines propuestos. pudieran tener un impacto menor", insiste, por lo que convierte dicho requisito en una observación esencial.
