Foto: CVMCVALÈNCIA. En À Punt estos días no solo se habla sobre el presupuesto. El ente público tiene varios frentes abiertos, y el conflicto laboral de una plantilla salida únicamente de bolsas de trabajo es uno de ellos. En 2022 se cumplirán cuatro años desde su fundación y puesta en marcha, y con ello, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras habrán excedido el tiempo máximo legal de interinidad de tres años que marca la ley. Y en el marco de la conocida como ‘ley Iceta’, desde la que se trabaja en una solución para reducir la temporalidad del empleo público en España, el comité de empresa ha movida ficha.
Desde el órgano de representación laboral se registró una petición el pasado 4 de noviembre pidiendo a la dirección de À Punt la paralización del proceso de oposiciones a través del cual la radiotelevisión pública busca consolidar una plantilla estable. En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, el comité de empresa piden “valorar” la tramitación parlamentaria de la ‘ley Iceta porque actualmente dicen “encontrarse en un escenario de inseguridad jurídica de difícil solución y que de ninguna manera beneficia las legítimas aspiraciones de trabajadoras y trabajadores de À Punt de consolidar su puesto de trabajo”.
El comité subraya que la actual plantilla “está formada 100% por interinos, la mayoría de los cuales tiene más de tres años de antigüedad”, además de argumentar que se “ha accedido al correspondiente puesto de trabajo mediante un proceso selectivo en forma de concurso de méritos y que ha dado como resultado las bolsas de trabajo adecuadas”. La propuesta del órgano laboral es la de consolidar las plazas que se están ocupando actualmente y frenar el proceso de convocatorias de oposiciones.
Fuentes oficiales de À Punt han confirmado a este diario la petición y ya han adelantado que seguirán con el proceso tal y como está previsto. Se han de convocar unos 35 perfiles profesionales, de los que ahora mismo hay abiertos solo dos. Los plazos se hacen complicados -argumentan- porque hay que formar por cada proceso un tribunal, unas bases y un temario específico. En todo caso, niegan la máxima de que vayan a consolidar las plazas actuales y prometen que las plazas saldrán de un proceso de examen y oposición.
Desde el comité de empresa también argumentan que se están sucediendo varias sentencias de trabajadores y trabajadoras del sector público que han denunciado a la administración empleadora por fraude de ley al superar los tres años de trabajo temporal, pero desde el ente público creen que los juicios se están perdiendo con instituciones “que no hacen nada”, mientras À Punt “ya tiene publicada una Oferta Pública de Empleo y va lanzando convocatorias poco a poco”. Por último, el escrito del comité de empresa advierte de que “no atender esta petición sería una grave irresponsabilidad y podría suponer, incluso, pérdidas económicas para las arcas públicas”.
La situación de una excesiva temporalidad en el empleo público es una constante en prácticamente cualquier organismo. Por eso se formó la Coordinadora Valenciana de Empleados Públicos en fraude de ley, desde la que piden que la solución sea la fijeza de los puestos ya creados. De esta manera, en el caso específico de À Punt, la gran mayoría de plazas se convertirían en fijas sin necesidad de pasar por un examen de oposición, otorgando la plaza como laboral fijo a aquella persona que accedió por un concurso de méritos. Cabe recordar que, en el caso de las bolsas de À Punt, haber estado en Canal 9 otorgaba cierta ventaja en ese proceso.
Mientras, la ley Iceta va haciendo camino al andar. Ayer mismo, Gobierno, PNV y ERC, llegaron a un principio de acuerdo para que los interinos con más de 5 años sean fijos sin opositar y con concurso de mérito. En el caso de salir adelante este texto, la situación de À Punt no estaría cubierta. El comité de empresa, en todo caso, le pide tiempo a À Punt para saber si la plantilla se actual se pudiera beneficiar de un cambio legislativo que puede ser inminente. Tiempo es justamente lo que la falta a la radiotelevisión para cumplir con los plazos que se prometió en su fundación para la estabilidad del ente. Ya llegan meses tarde: a partir de abril de 2022, más de un año en muchos casos.
Mientras todo esto ocurre, el presupuesto de À Punt no deja pensar más allá de una plantilla que cubra los servicios informativos, que son la única parte de la parrilla que la ley no permite externalizar. Aún así, la carga de trabajo se hace cuesta arriba y recientemente la dirección retiro su intención de licitar servicios de meteorología precisamente por una denuncia del comité de empresa.
